PALMA DE MALLORCA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha decretado que continúe el proceso penal por el caso Can Domenge contra la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, el ex vicepresidente insular Miquel Nadal y el ex conseller de Territorio Bartomeu Vicens, así como otros cuatro imputados, de modo que Fiscalía y acusación particular en el caso Can Domenge podrán en breve dirigir sus acusaciones contra ellos.
Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press después de que la magistrada haya dictado un auto para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, fase en la que las acusaciones ya podrán presentar sus escritos de calificación contra quienes la jueza aprecia indicios delictivos en su resolución judicial, o en cambio pedir, si así lo consideran, su sobreseimiento. Ello dará pie a la apertura de juicio oral contra quienes finalmente resulten acusados.
En su auto, González decide que también continúe la causa contra el ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, Santiago Fiol, Román Sanahúja Pons y el ex director general de Sacresa, Mario Sanz Bernal.
Por el contrario, ha archivado la causa respecto al conseller del PP Fernando Rubio; el ex arquitecto jefe del Servicio de Urbanismo del Consell Mariano Gual de Torrella; uno de los adjudicatarios de los terrenos de Can Domenge, Pedro Ferrà Tur; el ex gestor de la empresa Sacresa, Joan Maria Pujal, y José Manuel, Javier, Ricardo y Román Sanahuja.
La histórica dirigente de UM, Munar, quien también se encuentra imputada en el conocido como caso Maquillaje, se desvinculó ante la jueza de la decisión de fijar un precio máximo de 30 millones de euros en la venta del solar de Can Domenge, y negó haber participado en reuniones previas a su enajenación en las que se abordase este aspecto. El caso investiga las irregularidades en torno a la venta de los solares palmesanos por parte del Consell por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado.
El procedimiento se inició así a raíz de la querella interpuesta por la empresa Núñez y Navarro, personada como acusación particular, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el doble que lo aportado por la UTE formada por Sacresa y Ferra Tur, finalmente adjudicataria.
