PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra el exjefe de Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, el que fuera jefe de policía de Marratxí y que había trabajado en Calvià, Antonio Ledesma, y dos empresarios del ocio nocturno de Magaluf acusados de formar una trama para extorsionar a locales de la competencia, quedará previsiblemente este lunes visto para sentencia con los informes de las partes y el derecho a la última palabra de los acusados.
Cabe recordar que este jueves, el Ministerio Fiscal, que ejerce la única acusación, modificó sus conclusiones provisionales y retiró la acusación contra otros dos agentes de la Policía Local del municipio, que inicialmente estaban acusados de amenazas.
En este caso, la representación del Ministerio Público, que ejercen los fiscales Fernando Bermejo y Tomás Herranz, no cree que los agentes colocaran droga en un local de la competencia de los acusados para que un perro la encontrara y así amedrentarles.
Los fiscales sí que mantienen las acusaciones de cohecho pasivo contra los mandos policiales y los empresarios, que se enfrentan cada uno a seis años de prisión. Para Navarro, además, se reclaman 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
La Fiscalía acusa a los mandos policiales de haber obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas de los otros dos acusados, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas.
Además, Navarro y Ledesma habrían recibido 6.000 euros cada dos meses como contraprestación a los tratos de favor de las empresas participadas y dirigidas por los empresarios acusados. Según la acusación pública, los mandos policiales intercedían en todo lo relativo a expedientes administrativos y sanciones tramitados en el Ayuntamiento de Calvià. Así, las denuncias contra los locales de los encausados se archivaban o se quitaban las multas. Además, las empresas mencionadas recibían preavisos de las inspecciones.
En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial a lo largo de las últimas dos semanas, Navarro ha negado haber dado instrucciones para favorecer o perjudicar a determinados grupos o empresarios del ocio del municipio, aunque sí admitió colaboraciones puntuales con Ledesma, compatibilizando su labor policial, en materia de asesoría laboral.
Ledesma, por su parte, argumentó que dejó Calvià en 2008, por lo que no tenía capacidad para actuar sobre los negocios de Magaluf. Los empresarios, por su parte, negaron haber sobornado a los policías para salir beneficiados en las campañas de inspecciones y sanciones.
Por la sala de la Audiencia, además, han pasado empresarios que han asegurado, declarando como testigos, que la detención de Navarro supuso un antes y un después en la igualdad de trato entre los grupos empresariales. Uno de ellos, incluso, ha llegado a asegurar que recibió presiones para declarar en contra de los acusados por parte del fiscal Miguel Ángel Subirán. Un agente dijo que el consistorio 'calvianer' prestaba a las empresas de ocio nocturno un trato "no homogéneo".
En otra sesión, funcionarias del Ayuntamiento de Calvià hicieron hincapié en la imposibilidad de que los policías locales intervinieran en la tramitación de las denuncias una vez entraban en el departamento de infracciones.
Otra testigo, que trabajaba para los empresarios acusados, ha referido el pago puntual a los mandos policiales.
La pieza deriva de la macrocausa de corrupción policial de Palma y la ha asumido el fiscal de Madrid Tomás Herranz, que se encargó de los juicios a Bartolomé Cursach y al juez Manuel Penalva.
