Justicia analiza con la alcaldesa de Ciutadella la situación de los juzgados

Publicado: jueves, 15 diciembre 2016 20:55

PALMA DE MALLORCA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán, ha mantenido esta mañana una reunión con la alcaldesa de la localidad menorquina de Ciutadella, Joana Gomila, a petición de ésta última para tratar la situación de los juzgados de la localidad.

Tras rechazar el contrato inicial suscrito por ambas administraciones, Gomila ha planteado al Ministerio una nueva propuesta consistente en la cesión de unos terrenos en la zona de Santa Rita cuyo proceso de expropiación está a punto de finalizar y que tienen ya la calificación adecuada para el uso de equipamiento apto para un edificio judicial.

El Ministerio se ha comprometido a realizar un estudio de esta alternativa para valorar su viabilidad con el fin de buscar una solución consensuada entre todas las administraciones territoriales implicadas y que permita asimismo una ubicación definitiva para los órganos judiciales en Ciutadella.

Debido a la necesidad de mejorar la actual situación de los juzgados y su emplazamiento, en marzo de 2015 el Ministerio de Justicia firmó un contrato de alquiler del edificio Can Saura Miret con el Ayuntamiento.

A continuación se puso en marcha el expediente de obras de adaptación del inmueble al nuevo edificio.

Estas obras no se pudieron hacer efectivas dado que el actual equipo de gobierno municipal no concedió la correspondiente licencia ni puso a disposición del Ministerio el inmueble, según ha informado la Delegación del Gobierno.

"Tampoco remitió las facturas correspondientes al arrendamiento, con lo que el Ministerio no pudo satisfacerlas a pesar de que se reclamaron en diversas ocasiones", ha indicado el Gobierno.

En septiembre de 2015, el equipo de gobierno municipal ofreció una nueva opción de un inmueble perteneciente a la Dirección General de Puertos y Aeropuertos de Baleares cuyas características y ubicación "no respondían a las necesidades de este Ministerio".

Según el Gobierno, desde el punto de vista económico, "supondría un coste muy superior al que hubiese generado la inversión en el edificio de Can Saura Miret", además de "aumentar en más de tres años el tiempo de realización de las obras necesarias para la puesta en funcionamiento del inmueble que podría estar ya operativo".