Mateo apunta que se analizará la viabilidad de medidas de vivienda que "encajen el marco legal vigente"

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha admitido que el Govern analizará la viabilidad de las medidas restrictivas que se puedan derivar la nueva normativa europea de vivienda pero ha remarcado que tendrán que "encajar en el marco legal vigente" a nivel nacional y europeo.

De este modo se ha expresado el representante del Govern durante la interpelación hecha en el Parlament por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, en la que le ha preguntado por las medidas que podría adoptar para limitar la compra de segundas residencias.

No obstante, ha apuntado que esta es una legislación que ahora inicia su tramitación y tratarán de trasladar a la UE los condicionantes que presenta Baleares al ser un territorio limitado.

El conseller ha destacado que la propuesta "no avala" la limitación de precios pero la realidad es que sí "anima" a los Estados miembros a "limitar los comportamientos especulativos perjudiciales en el mercado de la vivienda".

Para ello plantea medidas fiscales, mejora en la transparencia del mercado y que se asigne una proporción definida de las nuevas promociones para viviendas sociales y asequibles.

Mateo ha mencionado las diferentes medidas en materia de vivienda que ha puesto en marcha el Govern con el establecimiento del requisito mínimo de cinco años de residencia para acceder a determinadas promociones o la promoción de vivienda asequible.

En ese sentido, ha citado las 10.000 viviendas asequibles que estarían en algún proceso de tramitación, una cifra que ha aclarado que "va en aumento".

Por otro lado, ha mencionado las más de 34.000 personas de Baleares que se habrían beneficiado de alguna de las ayudas que ofrece el Govern, como las ayudas al alquiler, las bonificaciones fiscales o la hipoteca joven.

Mateo ha admitido que en el Govern "aceptan medidas positivas" pero ha avanzado que no aceptarán la declaración de zona tensionada, porque ha alegado que donde se declara "hay más alquiler de temporada".

Por su parte, el diputado ecosoberanista ha reconocido que el problema de acceso a la vivienda era "grave" en mayo de 2023 pero que hoy es "muy grave", con precios del alquiler que han subido un 30% desde 2023, un precio de venta ha subido un 34% y el metro cuadrado de media ya cuesta 5.600 euros.

Rosa ha recordado que el sinhogarismo y la infravivienda no hacen más que aumentar y Palma ya es la primera ciudad de todo el Estado español, tras Madrid y Barcelona, con más personas que no tienen una vivienda.

"La inmensa mayoría de mallorquines están más cerca de vivir en una caravana que de comprar una segunda residencia y el PP se preocupa de la gente que quiere comprar una segunda residencia", ha recalcado.

Por otro lado, ha recordado que una de cada cuatro casas que se han vendido bajo el actual Govern las han comprado extranjeros que viven en el extranjero, es decir 10.201 casas, por lo que ha cuestionado la reivindicación de la "prioridad nacional".

Esto ha subrayado que no es solo que "quite viviendas del mercado", es que hace que los precios "suban", porque añade una "presión extraordinaria" al mercado por parte de personas con un alto nivel adquisitivo.

Por este motivo, ha acusado al Govern de crean un mercado en el que lo único que importa es "el lucro", que "empuja a la gente a intentar sacar el máximo beneficio a corto plazo" y de negarse a intervenir al mercado.

Rosa también le ha reprochado el escaso balance de su legislatura y que haya cargado contra las políticas del anterior Govern o del Gobierno central, cuando el competente en materia de vivienda es la administración autonómica.

Otro de los aspectos que le ha recriminado es que no haya aclarado qué medidas piensa tomar para evitar la compra de segundas residencias y que reivindique que las casas son para "la gente de baleares", cuando los actuales precios no posibilitan el acceso a la vivienda.

Mateo ha agradecido que recuerde que las competencias son de las comunidades porque "al Estado a veces se le olvida", elemento que ha aprovechado para recrimina que se "premie" a las autonomías que apliquen las que aplican la ley de vivienda estatal y se "discrimine" a las que no lo hacen.

Asimismo, ha esgrimido la nueva figura de la vivienda de precio limitado para la que se solicitan hasta 20 años de residencia permanente en función del municipio.