Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
PALMA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
MÉS per Palma ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo por las "trabas" impuestas por el equipo de gobierno municipal al proceso de regularización extraordinario de personas migrantes.
La denuncia, según han informado los ecosoberanistas en un comunicado, explica que el Ayuntamiento "ha ordenado no reforzar la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) Social pese a la demanda extraordinaria que estaba prevista en este proceso".
Este hecho, para la formación, supone una posible vulneración de derechos fundamentales y puede dejar fuera del proceso a muchas personas.
MÉS ha reclamado una rectificación "inmediata" y el refuerzo "urgente" de las OAC para garantizar que ninguna persona quede excluida de la regularización "por falta de atención" o por "voluntad política".
Además, como ya ha hecho el PSOE, ha pedido la dimisión de la regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la capital balear, Lourdes Roca, por dar "órdenes explícitas de no reforzar" los servicios de atención a la ciudadanía para torpedear el proceso.
"Palma siempre ha sido una ciudad de acogida y no podemos permitir que maltrate a sus vecinos. Estamos hablando de personas que hace años que viven y trabajan en nuestra ciudad. El Ayuntamiento no puede dar la espalda", ha esgrimido la portavoz de la formación, Neus Truyol.
Según los ecosoberanistas, los técnicos del departamento de Servicios Sociales tenían previsto reforzar el personal para afrontar el las solicitudes de los certificados de vulnerabilidad, "pero una orden política lo ha impedido".
MÉS ha considerado que esta actuación puede constituir una "desviación de poder" e incluso un delito de prevaricación administrativa, al "impedir de facto el cumplimiento de una normativa estatal".
Esto, ha esgrimido el partido en la carta que ha remitido al Defensor, supone "un decisión política conscicente que utiliza la administración pública para dificultar el acceso a derechos reconocidos".
"La derecha está utilizando las instituciones para discriminar, y eso tiene un nombre: racismo institucional. No lo permitiremos", ha zanjado Truyol.