Actualizado 10/04/2007 21:21 CET

Una mujer pide amparo al Constitucional tras una supuesta agresión racista por parte de la Policía Nacional en Palma

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de origen nigeriano y residente en España, que fue presuntamente agredida con carácter racista por varios agentes de la Policía Nacional en Palma de Mallorca hace dos años, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que la justicia "reconozca sus derechos", ya que las denuncias presentadas en el momento de los hechos ante los Juzgados de Instrucción de la capital balear no procedieron.

Según informó la asociación 'Women's Link World', la víctima vio vulnerados sus derechos a la no discriminación, a la integridad física y moral y a la dignidad humana por parte de los agentes de Policía, mientras que tampoco fue respetado su derecho a la tutela judicial por parte de los órganos judiciales que en un primer momento conocieron las denuncias.

Los hechos se remontan al mes de julio de 2005, cuando con ocho días de diferencia la mujer fue agredida física y verbalmente por agentes de la Policía Nacional que requirieron su documentación y le prohibieron, según la denunciante, solamente a ella y no a otras mujeres de fenotipo europeo, permanecer en la calle.

Según la mujer, en la primera de las dos agresiones sufridas el 15 de julio los agentes de la Policía le llamaron "puta negra" y le increparon "fuera de aquí", al tiempo que le golpearon con la porra, mientras que en la agresión del 23 de julio, los agentes le agredieron, le llevaron a comisaría y allí intentaron que firmara un documento "en el que decía resistencia a los agentes de la autoridad" a lo cual se negó, según denunció.

La abogada de la asociación, Paloma Soria, recordó que la actuación de los agentes vulneró el derecho a la no discriminación por razón de raza, sexo o cualquier otra condición circunstancial, personal o social, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y en varios tratados internacionales.

Así, las denuncias formuladas en los Juzgados de Instrucción no procedieron y tampoco el recurso de reforma presentado ante uno de ellos ni el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ya que, según la letrado, "la justicia se limitó a oficiar dos informes de la Jefatura Superior de Policía, ignorando las peticiones presentadas por la defendida de investigación de los hechos, lo que vulnera el Artículo 24 de la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva y, como consecuencia de ello, el derecho a no sufrir indefensión".

Soria mostró su deseo de que el Tribunal Constitucional haga valer los derechos de la denunciante "y de esta manera se contribuya a poner fin a estas prácticas de violación de derechos humanos que ocurren en nuestra sociedad". Así, la organización denunció en 2002 un total de 320 casos de maltrato con un componente racista cometidos durante los siete años anteriores.