Archivo - Numerosas personas durante una manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo
PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
Margalida, una paciente oncológica de 87 años de edad, se enfrentará este martes a un juicio en el que se dirimirá si debe extinguirse el contrato de renta antigua del piso del barrio de Pere Garau, en Palma, en el que lleva viviendo más de seis décadas.
El juicio, cuya celebración la anciana ha pedido a su abogada que difunda entre la ciudadanía, está previsto para las 12.30 horas de este martes en los juzgados de sa Gerreria de Palma.
El caso, según ha explicado la letrada Aina Díaz en declaraciones a Europa Press, se remonta a hace casi una década. En 2007 murió el marido de Margalida y al año siguiente se le subrogó el contrato, que firmaron en 1963.
Durante los años siguientes no se encontró problema alguno, ya que la mujer, "una mallorquina de toda la vida", mantenía una buena relación con los entonces propietarios de la finca, a los que pagaba, en virtud de su contrato de renta antigua, poco más de 12 euros al mes. Los dueños, según la abogada, nunca quisieron subirle el precio conforme al IPC.
Llegó 2021 y la finca en la que vive Margalida fue adquirida casi en su totalidad por una empresa dedicada a las inversiones. Díaz, por protección de datos, ha preferido no detallar el nombre de la mercantil.
Según la tesis de la defensa, los nuevos dueños no informaron a los inquilinos del cambio de propiedad hasta un año después y lo hicieron de una manera que, para una mujer que entonces tenía 83 años y padecía un cáncer de mama, era "muy difícil de entender".
"DEJARON QUE SE ACUMULARA LA DEUDA PARA DEMANDARLA"
En 2023 la operaron del cáncer y, tras un tiempo hospitalizada para recuperarse de la mastectomía, pasó unos meses viviendo en casa de su único hijo. Cuando regresó a su piso, se encontró un burofax en el que se le notificaba que llevaban un año sin pagar el alquiler, es decir, que adeudaba unos 150 euros.
Sin llegar a entender por qué había sucedido eso --al cambiar la propiedad también cambió la cuenta a la que debía enviar la renta--, fue a una sucursal bancaria para que le ayudaran con el trámite. Consiguió pagar lo que debía, pero no que le domiciliaran el pago para que no tuviese el mismo problema en el futuro.
Unos meses después, siempre según el relato de la abogada, Margalida sufrió una caída y se rompió tres vértebras. Tras un nuevo paso por el hospital, volvió a estar un tiempo viviendo en casa de su hijo, quien además contactó con los propietarios para informarles de que a partir de entonces él se encargaría de las gestiones relacionadas con la vivienda de su madre.
Las empresas "aprovecharon" el contacto con el hijo para pedirle las llaves del piso bajo el pretexto de realizar algunas reformas. Cuando dieron por hecho que la mujer no volvería al domicilio, el hijo les corrigió: "Les dijo que no, que su madre quería volver porque quería morir en su casa, en su barrio, donde se siente segura y conoce a todo el mundo".
Entonces, ha proseguido la letrada, los propietarios "empezaron a hacer cosas raras, como quitarle el telefonillo y el nombre de su buzón" pese a que habían "colaborado" con ellos. Además, alguien "suplantó su identidad" para dar de baja el contador de agua.
Cuando el hijo preguntó si había algún problema, le contestaron que su madre llevaba, de nuevo, un año sin pagar el alquiler. Él les reprochó que no le hubiesen avisado pese a que habían tenido contacto durante meses y los dueños le mandaron un documento con todas las cantidades que adeudaba la anciana. La letrada ha asegurado que, pese a que lo pidió, no le facilitaron la cuenta bancaria en la que debía abonar esa "cantidad irrisoria".
A principios de 2025 Margalida recibió una solicitud de mediación extrajudicial en la que se le advertía que, si no pagaba lo que debía, en un mes sería demandada. La demanda para el desahucio, en la que alegaban que el contrato había extinguido por retrasos en los pagos, llegó ese mes de mayo.
"La empresa, que era conocedora de la enfermedad que padecía, fue dejando que se acumulara la deuda mes a mes para después ponerle la denuncia", ha sostenido Díaz.
LOS ARGUMENTOS JUDICIALES
Aunque la ley contempla la posibilidad de desahucio si un inquilino con renta antigua no paga sus mensualidades, la abogada ha señalado que estos atrasos deben ser voluntarios, algo que a su parecer no sucede en el caso de Margalida.
Díaz, citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que pretende esgrimir como uno de sus principales argumentos en el juicio, ha defendido que en casos así que afecten a personas mayores "se deben ponderar las situaciones".
"Ellos se han aprovechado de la buena fe de mi clienta, que solo quiere acabar sus días en su casa. Ha habido mala fe y es una vergüenza, porque está afectando a la salud de Margalida", ha subrayado. La letrada ha dado por hecho que las empresas alegarán que la extinción del contrato está amparada por ley y que "no es su culpa que sea mayor o que tenga cáncer".
Si el juez da la razón a los propietarios, ha considerado la letrada, "solo la podrán proteger del desahucio" el conocido como 'decreto Maricarmen'. Ella está dispuesta a que se le actualice su renta antigua conforme al IPC "y todo lo que toque", pero mantiene su intención de acabar su vida en el piso en el que ha pasado buena parte de ella.
