PALMA DE MALLORCA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
Fernando Areal, gerente del PP balear en la pasada legislatura y cuñado del ex presidente del Govern, Jaume Matas, subrayó hoy ante el juez instructor del caso Palma Arena que "ni un sólo euro" del sobrecoste que sufrió la construcción del velódromo palmesano entre 2005 y 2007 "llegó al PP", y negó que la empresa Nimbus facturase a 'precio coste' los trabajos que realizó para la campaña electoral de la formación 'popular' ya que ésta "nunca ha pedido ningún descuento".
Así se pronunció en calidad de imputado durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, encargado del caso, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y los abogados personados en la causa, y en la que rechazó, a preguntas del juez, que parte del desfase se destinase a financiar al PP a través de empresas contratadas "a dedo" por el Govern.
Al mismo tiempo, Areal, en referencia al ex jefe del Ejecutivo autonómico, manifestó que Matas desconocía que fuera Nimbus la empresa que asumió parte de la gestión de la campaña electoral, a lo que añadió que su cuñado nunca le preguntó qué empresa llevaba la publicidad de la campaña, pese a que durante la declaración Areal había afirmado que el PP contrató a Nimbus porque ya había trabajado antes con este empresa "con aprobada eficacia".
Pese a ello, aseguró no descartar que Nimbus "haya podido cinseguir por el volumen de su contratación precios más favorables que otras empresas", aunque rechazando "por completo" que haya facturado al PP 'a precio de coste'. "Nimbus cobró al PP todos los trabajos que le hacían", enfatizó.
Areal, quien al principio de su declaración afirmó que fue Matas quien le propuso como gerente del partido aunque negando que fuese su parentesco el que determinó el ofrecimiento, explicó que para la campaña electoral de 2007 el PP decidió que su organización se centralizara en manos de una sola empresa de publicidad, decantándose por Nimbus, y tildó de "totalmente falso", respondiendo a las declaraciones del ex director de la empresa Miguel Romero también como imputado, que Nimbus cobrase del PP "sin facturar".
El fiscal recordó que Romero afirmó que Nimbus contrató y pagó una serie de conceptos por la campaña electoral que luego no refacturó a éste, a lo que Areal respondió que "si eso es así, que no lo sé, tenía que haberlas refacturado", al tiempo que aseguró desconocer que el falseamiento de las cuentas de una campaña electoral pueda ser un delito. En cualquier caso, el declarante negó haberlo cometido.
PRESUNTOS PAGOS EN NEGRO
A su salida de los Juzgados de Vía Alemania, el abogado de Areal, Rafael Perera, señaló que su cliente negó en su declaración que efectuase pagos en negro por más de 70.000 euros a la agencia de comunicación Nimbus, alegando que en la formación no existe "ninguna cuenta B" donde abonar este dinero sin declarar a Hacienda. En este sentido, el imputado insistió en que "en modo alguno" realizó estos pagos y aseveró, en este sentido, que las facturas que abonó "estaban debidamente contabilizadas, en cumplimiento de los requisitos legales".
En concreto, el Ministerio Fiscal trata de averiguar si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico -entre ellos el Instituto Balear de Turismo- adjudicaron sin concurso público diversos contratos a Nimbus y si la empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, mientras que a cambio cobró a 'precio coste' la organización de la campaña electoral del PP.
En el caso de Areal, el ex director de Nimbus y también imputado, Miguel Romero, reconoció haber cobrado más de 70.000 euros en dinero negro del ex gerente 'popular', que responderían a trabajos llevados a cabo por la agencia para el partido durante su campaña.
Asimismo, el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras durante la ejecución del Palma Arena, proyecto estrella durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan los presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.
