Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament debatirá el martes el proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos, convertida en ley ómnbius tras incorporar un centenar de enmiendas que modifican medio centenar de normativas, y la proposición de ley para impedir que los docentes condenados por acoso puedan ejercer en contacto con menores de edad.
La primera de las leyes, una de las que más polémica ha generado a lo largo de la legislatura, previsiblemente saldrá adelante con los votos del PP y de Vox, que durante los meses que ha durado la tramitación han pactado buena parte de las enmiendas introducidas.
El texto, que nace del decreto de aceleración de proyectos estratégicos aprobado hace ahora medio año con el apoyo de los mencionados partidos, cuenta con 218 páginas --cinco veces más que el inicial-- e incorpora medidas que poco tienen que ver con el espíritu original de la norma.
Si en un primer momento estaba centrado en la creación de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE) e incluía otras medidas complementarias como el traslado de residuos de Eivissa a Mallorca, ahora abarca desde exenciones al conocimiento del catalán para los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura hasta la creación de la Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal.
También se han introducido cuestiones como la necesidad de acreditar tres años de residencia legal para poder acceder a la Renta Social Garantizada, la flexibilización del requisito lingüístico para acceder a un puesto en la función pública, la incorporación de psicólogos generales sanitarios, la reserva de plazas de policía local para militares y la agilización de proyectos comerciales.
Otras enmiendas han sido pactadas entre el PP y el PSIB, como aquellas relativas la recaudación de impuestos por parte de la Agencia Tributaria de Baleares o la regulación del sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC).
Algunas propuestas quedaron fuera del texto que llegará al pleno, como la de los socialistas para garantizar que las enfermeras puedan dirigir centros de salud o la de Vox para restringir el derecho de acceso a la atención temprana de los menores cuyos padres se encuentren en situación administrativa irregular.
MÉS per Mallorca y Més per Menorca han sido los grupos parlamentarios más críticos con el modo en el que se ha tramitado la ley y han tratado de frenarla en varias ocasiones y por múltiples vías. Ya han adelantado que, una vez se apruebe y se publique, la recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
A lo largo de la tramitación del proyecto de ley, según el recuento elaborado por la Cámara autonómica los grupos parlamentarios registraron 315 enmiendas.
En la ponencia se aprobaron 69, pero los 'populares', mediante un voto particular, las tiraron atrás cuando el texto llegó a la Comisión de Hacienda y Presupuestos.
El dictamen que salió de esa comisión parlamentaria, que es el que se debatirá este martes, incorporó un total de 85 enmiendas, 19 de ellas con transacciones, que se suman a las cuatro que se mantenían desde la ponencia
UNA LEY PARA EL CASO ROLDÁN
El segundo texto legislativo que será objeto de debate en la sesión plenaria del martes será una modificación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia para impedir que los docentes, monitores o entrenadores que hayan sido condenados por delitos de acoso, violencia de género o abusos puedan ejercer en contacto con menores de edad.
No se espera que ningún grupo parlamentario vote en contra de la aprobación definitiva del texto, dado que todos han estado de acuerdo en su tramitación exprés y fue tomada en consideración con 50 votos a favor y tres abstenciones de Vox.
Una vez esta el pleno dé luz verde a esta proposición de ley, impulsada por el PP, será elevada al Congreso de los Diputados, dado que afecta a una normativa estatal. Llegará, entonces, antes que la modificación de la misma ley aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, que incluye esta y otras medidas.
La reforma legislativa viene motivada por las reivindicaciones de las familias de los alumnos de varios centros educativos de Mallorca por la presencia de un docente, Miguel Roldán, que fue condenado por acosar a un exalumno.
LA SESIÓN DE CONTROL
El pleno arrancará, como es habitual, con la sesión de control a los miembros del Govern, quienes deberán responder a cuestiones relacionadas con la biodiversidad, la movilidad, los recursos hídricos, la contención turística, la sanidad, la pesca o la vivienda.
Destacará, por su actualidad, la pregunta que el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, dirigirá al vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, sobre su opinión de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. En la sesión de la semana pasada, aunque no figuraba en el orden del día, ya fue un tema de debate.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá responder a cuestiones relacionadas con los buses gratuitos para que los jóvenes de Mallorca acudan a las fiestas de Sant Joan de Ciutadella (Més per Menorca), si acabará aceptando el concepto de 'prioridad nacional' impulsado por Vox (Unidas Podemos) y si su defensa de la ley de normalización lingüística es total o parcial (MÉS per Mallorca).
Vox le pedirá si tiene previsto firmar acuerdos con los países de origen de los menores extranjeros no acompañados que están tutelados por los consells insulares para retornarlos con sus familias y el PSIB, si piensa llevar a cabo alguna de las medidas que ha prometido.
Tras la sesión de control y antes de que se debatan las leyes, está prevista una interpelación relativa a la política cultural y una moción sobre la vivienda, ambas impulsadas por el grupo parlamentario socialista.