El Parlament rechaza la enmienda a la totalidad del PSIB a la ley de transparencia que impulsa el PP

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes, con 25 votos a favor y 34 en contra, la enmienda a la totalidad y el texto alternativo del PSIB a la ley de transparencia que impulsa el PP.

Cabe recordar que la propuesta 'popular' contempla, entre otras medidas, la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y, en su lugar, crear un registro de actividades, renta, intereses y patrimonio en el Parlament.

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha defendido la enmienda "fruto de una reflexión interna y meditada" que parte de "la preocupación y la perplejidad de la banalización que hace el PP de los instrumentos que tienen que servir para luchar contra la corrupción".

En su primera parte de la defensa, Pons ha hecho un repaso de los casos de corrupción que han salpicado al PP en los últimos años. "Parece que el actual Govern se ha olvidado", ha indicado. El socialista ha advertido que la receta del PP es "menos transparencia, menos órganos de control, desproteger al ciudadano y tratar de manera distinta según qué expedientes abiertos".

Para Pons, no hay motivos justificados para cerrar la Oficina Anticorrupción ni para la "crítica feroz" a la que se ha sometido a su director, Tfol Milán. El portavoz adjunto del PSIB ha advertido de la intención del PP de que las declaraciones de los altos cargos dejen de ser públicas y la oposición al anonimato. En este sentido, ha puesto como ejemplo los 39 altos cargos que a día de hoy todavía no han presentado declaraciones patrimoniales.

Marc Pons ha admitido que el texto alternativo que acompaña la enmienda a la totalidad es la propia ley en vigor, que implicaba la creación de la Oficina Anticorrupción. "No hay mejor texto alternativo ante quien aspira a retroceder en la lucha contra la corrupción que el texto que creó la propia oficina, aunque el texto sea mejorable".

El diputado socialista ha tendido la mano al PP para fortalecer la actual Oficina con los cambios que consideren oportunas y ha recordado la relación entre falta de transparencia y corrupción política.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha defendido la Oficina Anticorrupción, respuesta política a una situación de preocupación social ante la corrupción y ha criticado que esta sea de las primeras medidas impulsadas por el PP. La ecosoberanista ha calificado de "maquillaje" el nombre de la ley, que hace hincapié en la transparencia.

Ramon ha criticado que PP y Vox califiquen la Oficina de chiringuito cuando tienen previsto destinar 750.000 euros a la oficina lingüística que impulsa Vox. "Es la primera vez que se legisla en sentido contrario a mejorar en transparencia", ha concluido.

El diputado del PP Mauricio Rovira ha criticado que el PSIB, en lugar de presentar enmiendas, haya optado por volver a presentar el mismo texto y ha acusado a los socialistas de practicar el "filibusterismo". "Lo interesante será el debate de las enmiendas", no esto", ha afirmado.

Rovira ha acusado a la Oficina Anticorrupción de falta de transparencia y de actuar como instrumento del PSIB y del Govern, además, "con un coste inasumible".

El parlamentario del PP ha defendido la proposición de ley de transparencia como una medida para lograr una administración más eficiente y sostenible y que garantice la transparencia y evitando el gasto actual y las duplicidades. Rovira ha acusado al PSIB de querer retrasar la tramitación de la propuesta 'popular'.

"Estamos en nuestro momento, por eso queremos que se debata y se vote nuestra propuesta, no la suya", ha concluido.

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha afirmado que la "oficinita" no la va a cerrar ni el Govern ni el PP ni Vox sino "el pueblo de Baleares". Rodríguez ha calificado el ente como una "oficina fake" que fue creada para tapar su corrupción y perseguir a la oposición.

REGISTRADA POR EL PP

El PP registró la proposición el pasado mes de octubre tras defender durante meses el cierre de la Oficina Anticorrupción por su coste y para evitar las duplicidades constatadas. También, según han defendido en todo momento, porque desde su creación, esta Oficina se ha utilizado, a su juicio, como herramienta política.

El PP ha venido negando que la proposición se hiciera tras las acusaciones al director general de Emergencias del Govern, Sebasti Sureda, de liderar una presunta trama de corrupción urbanística en Campos desde el año 2015.

El PP insiste en que todas las funciones y obligaciones de dicha Oficina quedarán cubiertas, a través de un registro de actividades, intereses, renta y patrimonio de los cargos públicos. Los expedientes abiertos en la Oficina Anticorrupción pasarán a la Inspección General de Servicios, dependiente de la Dirección General de Función Pública; mientras, los cerrados quedarán en custodia en el Parlament.

La intención de la liquidación de la Oficina quedó patente en los Presupuestos autonómicos de este año, que solo cuentan con una partida de 50.000 euros para el ente, aunque el director, Tfol Milan, advirtió que no llegaba para pagar las nóminas de los primeros meses del año.