El Parlament rechaza que el Govern presente un plan para reducir la presión náutica con estudios de capacidad de carga

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado solicitar al Govern que presente un plan de ordenación y reducción de la presión náutica, con estudios de capacidad de carga, antes del inicio de la temporada turística de 2027.

Este es uno de los puntos de la moción defendida este martes en el Parlament por la diputada del PSIB Pilar Carbonero, sobre la que han votado en contra los diputados de PP y Vox en la mayoría de puntos, frente a los votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, aunque en tres de los 12 puntos el diputado Llorenç Córdoba ha apoyado al bloque oficialista.

De esta manera, el PSIB pretende que este plan cuente con datos diferenciados por islas y zonas, ordenación de los fondeos, la bajada de la velocidad en determinadas zonas, proteger a los bañistas y los puertos náuticos sin motor, el control del alquiler de embarcaciones y motos náuticas o el refuerzo coordinado de los servicios de inspección y vigilancia.

La iniciativa también ha tratado que sirviera para constatar las "ingerencias" sobre los técnicos y juristas de la Dirección de Costas y Litoral por parte del Govern, con el objetivo de "cuestionar la independencia, la profesionalidad y la seguridad jurídica de los servicios técnicos y jurídicos".

Por este motivo, se reclamaba al Govern que garantice "plenamente" los principios de objetividad, imparcialidad y sumisión a la legalidad en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el Parlament planteaba que PortsIb y la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua encargaran una auditoría sobre la legalidad de la contratación y las prórrogas de los contratos tramitados en esta legislatura.

El PSIB también aspiraba a que el Parlament reprobara la gestión del conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por la "pérdida de confianza" provocada por su gestión en materia de litoral y costas, por la "sucesión de conflictos" en expedientes junto con la "transparencia insuficiente".

Por otro lado, se instaba al Govern a respetar "plenamente" la autonomía y las competencias propias de los Consells insulares en materia de ordenación del litoral y a impulsar los procesos los procesos de trasnferencia de competencias que correspondan.

Por otro lado, el Parlament constataría que el proyecto de ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral supone un "retroceso" en el autogobierno de los Consells insulares y reduce las competencias del Consell de Menorca.

Acerca de esta ley, el PSIB pedía un modelo basado en el principio de "no regresión ambiental, la preservación del carácter público del dominio público marítimo terrestre, la recuperación y restauración de los ecosistemas litorales, la adaptación al cambio climático, la capacidad de carga, la prevalencia del interés general sobre los usos privativos y la participación de la comunidad científica, Consells insulares, ayuntamientos y sociedad civil.

Otro de los puntos que contemplaba la moción es la creación de un portal único de transparencia de puertos y litoral con valor cartográfico, datos abiertos, que permita consultar las concesiones, las autorizaciones y ocupaciones del dominio público portuario y marítimoterrestre.

La iniciativa pedía que el Govern acordara, con el Ministerio competente, un plan coordinado de adaptación del litoral balear al cambio climático, a partir de la estrategia para la protección de la costa de Baleares, que priorice actuacions basadas en criterios científicos de vulnerabilidad, erosión, riesgo de inundación y conservación de los sistemas dunares.

El Parlament también instaría al Govern a acelerar, con respeto a la legalidad, los principios de transparencia, concurrencia y seguridad jurídica, la implantación de los campos de boyas ecológicas.

Sobre este asunto, el PSIB pretendía que el Parlament constatara su "profunda preocupación" ante la querella presentada en la Fiscalía sobre el contrato de instalación de boyas ecológicas. Por eso, se pedía que el Govern y PortsIb prestaran la "máxima colaboración" con el Ministerio Público y los órganos judiciales con respecto a estas actuaciones que afectan a la gestión de los campos de fondeo de boyas ecológicas.