Archivo - El patio de la Audiencia Provincial de Baleares y el TSJIB, visto desde el exterior.
Archivo - El patio de la Audiencia Provincial de Baleares y el TSJIB, visto desde el exterior. - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: domingo, 22 mayo 2022 12:42

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha citado el próximo viernes a cinco personas acusadas de manipular y vender sustancias estupefacientes en Mallorca, entre ellas ketamina, anfetamina, cocaína, MDMA y cannabis. Fiscalía pide para ellos penas que suman 31 años de cárcel y multas que ascienden a 650.000 euros.

Según el escrito del fiscal, los hechos ocurrieron desde diciembre de 2019 y hasta enero de 2020, cuando se produjo la detención de dos de los acusados, que se dedicaban a la venta y distribución de dichas sustancias, contando para ello con un laboratorio/almacén donde elaboraban y manipulaban las drogas.

En los registros efectuados en los domicilios de los procesados se encontró dinero en efectivo además de sustancias estupefacientes, como cocaína y cannabis, mientras que en el realizado en el trastero había al menos 17 trozos de pastillas de MDMA, una bolsa de plástico con dos pastillas de MDMA, otra bolsa con cocaína en el interior y varios botes blancos con ketamina y restos de anfetamina, así como una bolsa con líquido denso y botellas con ácido sulfúrico.

Durante la investigación se averiguó además que los otros tres acusados, alguno de los cuales mantenía estrecha relación con los anteriores, se dedicaban a la venta de estas sustancias, así como a su almacenamiento y custodia, por lo que sus viviendas también fueron registradas.

En uno de los pisos había hasta 105 pastillas enteras de MDMA, así como bolsas con restos de anfetamina, resina de cannabis y numerosas cantidades de otras sustancias dispuestas para la venta. También se intervinieron envasadoras al vacío, transformadores, bolsas de plástico y demás efectos utilizados para la manipulación y confección de las dosis.

El fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito contra la salud pública, por lo que pide la pena de ocho años de cárcel y una multa de 250.000 euros para los dos primeros acusados, que se reduce a cinco años de prisión y multas de 50.000 euros para los otros tres.

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