El PP y Vox reafirman en el Parlament su rechazo a la regularización de migrantes y piden criterios de acogida más duros

 PALMA, 3 (EUROPA PRESS)

   El Parlament, con lo votos del PP y de Vox, ha manifestado su rechazo a la regularización extraordinaria de migrantes planteada por el Gobierno al considerar que "contribuye a un efecto llamada" e "ignora el crecimiento poblacional en Baleares".

   Es, en líneas generales, el contenido de una proposición no de ley (PNL) que la diputada 'popular' Cristina Gil ha defendido en el pleno de este martes y que también reclama "endurecer los criterios de acogida" y "agilizar las expulsiones".

    Un centenar de personas migrantes y representantes de entidades sociales han seguido las intervenciones de los diferentes grupos políticos desde el salón de plenos y la zona anexa, la sala de Pasos Perdidos.

   Antes de iniciarse el debate, desde la bancada socialista han instado a la diputada a mirarles a la cara. "Son los que quieres expulsar", le ha dicho el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, a quien Gil ha afeado su "falta de clase".

   La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha dirigido a ellos y les ha reprochado "que se dejen usar por un partido tan corrupto", en referencia a los socialistas.

 LA INICIATIVA

   Los votos del PP y Vox han permitido que el Parlament manifieste su rechazo a la regularización extraordinaria, que podría beneficiar a unas 10.800 personas en Baleares, al considerar que es "masiva e indiscriminada".

   También ha constatado que esta medida "contribuye al efecto llamada que alientan las mafias que se lucran con la desesperación y que amenaza con intensificar la crisis migratoria" e "ignora el crecimiento poblacional en Baleares y la capacidad real de integración o el acceso a una vivienda".

   La iniciativa también constata la "grave irresponsabilidad" que la regularización "representa para la seguridad" al "sustituir la exigencia de un certificado de carencia de antecedentes penales y policiales por una declaración responsable".

   Así, la Cámara autonómica ha instado al Gobierno a renunciar a la regularización y, por el contrario, adoptar "un cambio drástico en la política migratoria" que promueva "el control migratorio y de las fronteras, el endurecimiento de los requisitos de llegada y de acogida y la agilización de las expulsiones".

   También ha reclamado al Ejecutivo central que proporcione los medios humanos y materiales a los servicios de Extranjería, actualmente en situación de "colapso", para que quienes intentan regularizar su situación por las vías ordinarias puedan hacerlo.

   El grupo parlamentario de Vox había presentado varias enmiendas que pretendían modificar el redactado de la iniciativa, pero el PP ha decidido no aceptar ni una sola de ellas. Eso no ha impedido que los de Santiago Abascal votaran a favor.

UN DEBATE TENSO

   El debate de esta PNL ha sido tenso desde el inicio, cuando ha habido un intercambio de acusaciones entre el PP y el PSIB fuera de micrófono, y ha seguido esta tónica. 

   Gil, en su defensa de la iniciativa, ha considerado que la regularización no es más que "una maniobra de pura resistencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "un negocio redondo para las mafias". 

   "No somos contrarios a la regularización, sino a esta regularización", ha sostenido la 'popular' sobre una medida que ha considerado "tan improvisada como oportunista". 

   La diputada también ha considerado que "dar papeles no es integrar". "Integrar es garantizar empleo y vivienda. Tenemos recursos finitos y una capacidad de acogida limitada", ha dicho. 

   El tono se ha elevado con la intervención de Cañadas, quien ha calificado el texto de sus socios de investidura como "una tomadura de pelo, un engaño a los ciudadanos y fruto de un cálculo electoral", aunque eso no ha impedido que acabara votando a favor de todos los puntos. 

   La portavoz de Vox ha centrado su intervención en vincular la llegada de personas migrantes con cuestiones como el incremento del precio de la vivienda, la reducción de los salarios, la pérdida de seguridad o la degradación del Estado del Bienestar. 

   Desde la bancada de la izquierda le han reprochado estas asimilaciones, a lo que, visiblemente alterada, ha contestado acusándoles de ser "cómplices" de violaciones, tráfico de seres humanos y el terrorismo yihadista. 

   Estas palabras han caldeado todavía más los ánimos y han provocado que los portavoces del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y el diputado no adscrito --y ex de Vox-- Agustín Buades intervinieran, tanto para pedir una rectificación a la Mesa como para que no constaran estas expresiones en el Diario de Sesiones. 

   El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha ofrecido la posibilidad de retirar las palabras a su compañera de partido, algo a lo que se ha negado, y ha rechazado la posibilidad de modificar el Diario de Sesiones para eliminar las acusaciones de delitos. 

"A VER QUIÉN ES MÁS RACISTA"

   El líder parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, ha lamentado que el PP y Vox estén participando en "una carrera para ver quién es más racista, quien insulta más y quien tiene el discurso más xenófobo". 

   "La regularización se trata de respetar los derechos humanos de las personas que viven y trabajan aquí", ha contrapuesto el socialista, quien ha considerado que la derecha desearía que las personas en situación administrativa irregular "no tuvieran derechos". 

   "Díganle a las personas que están aquí que los quieren expulsar por el color de su piel, su religión o su forma de pensar", ha insistido Negueruela dirigiéndose a la bancada 'popular'. "Están buscando asimilar que las personas migrantes vienen a cometer delitos, y eso no es cierto", ha añadido. 

   La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha sostenido que la iniciativa del PP "nace muy torcida" dado que, pese a que su discurso se centra eminentemente en las personas que llegan en patera procedentes del norte de África, estos apenas representan un 11% de los migrantes que se encuentran en situación irregular y que por lo tanto podrían ser beneficiarios de esta medida. 

   La ecosoberanista también ha aprovechado su intervención para tratar de desmontar algunos de los argumentos empleados por Vox para oponerse a la regularización, como el referente al acceso a la vivienda. 

   "Quien revienta el mercado inmobiliario no son estas personas sino el 30% de extranjeros que pagan las viviendas a tocateja", ha defendido. 

   El diputado de Gent per Formentera (GxF) y miembro del grupo mixto, Llorenç Córdoba, se ha mostrado a favor de la regularización de personas migrantes pero no de la forma en la que lo ha planteado el Gobierno, por lo que ha apoyado todos los puntos de la PNL.