El PSIB acusa a Mallorca de trasladar la gestión de las ayuda sociales por la guerra a los ayuntamientos "sin consenso"

La portavoz adjunta del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, atiende a los medios de comunicación.

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PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado que el Consell de Mallorca haya "trasladado" la gestión de las ayudas sociales por las derivadas económicas de la guerra en Oriente Medio a los ayuntamientos "sin consenso y con condiciones que no responden a la finalidad social prevista".

Los socialistas, en un comunicado, han reaccionado de esta manera a la propuesta de adenda que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha hecho llegar a los consistorios y mancomunidades de la isla para incorporar una nueva línea de financiación conocida como el escudo social.

Esta aportación económica puede ser un "apoyo importante" para los municipios, ha reconocido el partido, que sin embargo ha considerado que la iniciativa "llega tarde, traslada la responsabilidad a los ayuntamientos sin ningún proceso de consenso e incorpora un requisito de cinco años de residencia continuada que no tiene justificación social ni normativa".

La portavoz adjunta del PSIB en el la institución insular, Sofía Alonso, ha considerado que "no se puede pedir a los ayuntamientos que renuncien a unos recursos que pueden ser necesarios para ayudar a muchas familias, pero tampoco se puede aceptar que el Consell presente esta medida como si fuese una respuesta urgente cuando han pasado ocho meses de del año en el que se tenía de dar cobertura".

"El periodo subvencionable comprende todo 2026 y 2027, pero la propuesta se ha comunicado el 1 de septiembre, hecho que demuestra que este escudo social llega tarde y no responde a las necesidades reales que ya hace meses que afrontan las familias", ha sostenido.

La socialista ha acusado al Consell de Mallorca de "eludir su responsabilidad ante el aumento de los precios" y de "dejar en manos de los servicios sociales comunitarios la valoración, la atención y la gestión de las ayudas, sin diálogo ni coordinación".

"Son los ayuntamientos los que tendrán que hacer frente a las consecuencias de unas condiciones que no han sido acordadas con ellos", ha subrayado.

Por lo que respecta al requisito de acreditar cinco años de residencia continuada para acceder a estas ayudas, Alonso ha considerado que es una medida que "responde a las presiones de Vox y que no tiene ninguna relación con la finalidad social de la medida".

"No tiene ningún sentido que para afrontar una situación sobrevenida en 2026 se pida demostrar residencia continuada desde 2021. La necesidad no depende del número de años que una persona lleva viviendo en Mallorca", ha insistido.

El grupo socialista ha argumentado que este requisito no aparece en ninguno de los instrumentos normativos que regulan los servicios sociales en Baleares y en Mallorca e introduce "una diferenciación injustificada que puede vulnerar el principio de igualdad recogido en la Constitución y en la legislación de régimen local".