La redelimitación del conjunto BIC de Sant Ferran no se hizo para incumplir una sentencia, según un técnico

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un técnico del Consell de Formentera ha señalado este jueves que el decreto que la institución insular aprobó en diciembre de 2009 para redelimitar un conjunto BIC en Sant Ferran se hiciera como vía para no cumplir una sentencia del TSJIB que obligaba a derribar unos locales comerciales que habían sido construidos en 2005 y que habían quedado dentro del área de protección.

Ha sido en la sesión de este jueves del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra el expresidente del Consell de Formentera Jaume Ferrer y el que fuera conseller de Promoción Económica y Territorio Bartomeu Escandell, entre otros representantes insulares.

La vista oral arrancó el pasado martes y ha seguido este jueves con la declaración de varios técnicos de la administración insular y después de que las partes hayan renunciado a varios testigos, entre ellos el que fuera ministro de Fomento José Blanco. Con la reorganización del calendario, el juicio podría acabar el próximo lunes con la declaración de los acusados, fijada en último lugar, y las conclusiones de las partes.

En relación al BIC de Sant Ferran y los locales comerciales que fueron finalmente derribados en 2012, el funcionario ha indicado que el solar afectado no quedó dentro del conjunto en virtud del decreto insular porque no cumplía con los requisitos para ser considerado parte del área de protección.

La delimitación inicial del BIC, que data de 1996, se había hecho de manera geométrica y fijaba un radio de 250 metros alrededor de la iglesia de Sant Ferran, ha añadido.

A preguntas de la defensa, que ejercen los letrados Fernando Mateas y Ascensión Joaniquet, el técnico ha recordado, además, que los acusados no podían formar parte del equipo de gobierno insular que concedió las licencias a los locales comerciales porque eran de otro grupo político.

Ferrer, Escandell y el resto de procesados están acusados de un delito desobediencia por, según Fiscalía, obviar una sentencia judicial que obligaba a demoler unas construcciones comerciales ubicadas en las inmediaciones de la iglesia de Sant Ferran aprobando para ello un decreto para redelimitar el área considerada BIC.

A juicio del Ministerio Público, los acusados desoyeron la resolución judicial e hicieron "todo lo posible" para evitar la demolición de las construcciones que se habían levantado, redelimitando las áreas que habían sido declaradas BIC en 1996. Están acusados de desobediencia y se enfrentan al pago de una multa de 5.400 euros. El fiscal sitúa en este escenario una sucesión de recursos a la sentencia del TSJIB.

Un empresario, además, les acusa de beneficiar a amigos en la construcción de una rotonda en la carretera de Sant Ferran.