IBIZA, 09 de Septiembre (EUROPA PRESS)
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja remitió hoy un pliego de alegaciones al Consell Insular donde solicita que se amplíe el plazo de exposición pública del proyecto de acondicionamiento y del estudio de impacto ambiental de la carretera C-733, por un periodo de quince días. Se trata, según informó el consistorio, de una decisión acordada "por unanimidad" en la última junta de gobierno local, en la que, además, se aprobó remitir "en plazo y forma" las alegaciones recogidas a tenor de esta iniciativa viaria.
Asimismo la corporación municipal mostró su "total disconformidad" con el carril-bici proyectado en la citada localidad, por lo que requirió a la Institución Insular su retirada "mientras elabora un Plan Director del Carril Bici".
Por otro lado, el Consistorio dio a conocer hoy los términos de la alegación que elevará a este proyecto, por lo que el alcalde del municipio, Antoni Marí Marí, concretó que "aunque consideramos prioritaria y urgente la mejora de esta carretera, la inclusión en la misma de un carril bici, que en unas ocasiones discurre pegado a la carretera, y en otras se separa, plantea multitud de problemas".
De esta forma, el primer edil afirmó que "es preciso adecuar esta vía a las condiciones actuales de seguridad y comodidad", haciendo mención a la falta de creación de arcenes y deficiencias del asfalto, aunque, concretó que esta actuación se desarrollaría "sin que ello suponga un consumo desorbitado de territorio, con el perjuicio que conlleva a los propietarios la implantación de un carril bici cuyos usos no se ajustan con el esfuerzo que implica".
Asimismo, Marí Marí consideró que este tipo de obras "deben ejecutarse teniendo en cuenta la orografía de cada enclave y no implantando modelos que no se ajustan a su realidad".
Según esgrimió el equipo de gobierno, la propia Dirección General de Tráfico emite directrices en las que afirma que en aquellos casos donde el carril bici sea superior a siete kilómetros, "éste es más testimonial que efectivo". Por ello, "consideramos que no hay ni la demanda social para la creación de este modelo que se propone, ni está proporcionado a la efectividad de su implantación".
En este sentido, incidió en que este servicio, en sus 15,5 kilómetros, no siempre coincide en su trazado con la mejora de la carretera, por lo que "obligaría, además, a cambiar el uso del suelo actualmente rústico para su uso como vial, lo cuál se traduciría en multitud de ocasiones a dividir fincas, algo con lo que no podemos estar de acuerdo", matizó.
En los casos en los que se convierta un camino rural en carril bici, "este será compartido por motos, coches y tractores que lo estropearán y desvirtuarán su uso", apostilló el primer edil, al tiempo que se preguntó quién responderá a las posibles responsabilidades que pudieran darse en caso de accidente.
No obstante, la alegación presentada por el Consistorio a este proyecto, que se compone de ocho puntos, subraya, además, los problemas que presenta este carril bici detectados en algunos puntos del trazado. Así, cabe recordar que el ayuntamiento emitió dichas consideraciones "sin que se hayan estudiado las posibles alternativas", de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 11/2006, que recoge la obligatoriedad de que se coteje en todos los estudios de impacto ambiental sometidos a exposición pública "un análisis de los potenciales impactos de las distintas iniciativas planteadas".
En este caso, recordaron desde el Ayuntamiento, "no existen otros proyectos con los que hacer una comparativa, y se impone el aprobado por el Consell el pasado mes de julio".
Así, valoraron que la solución del carril bici proyectada "ha sido precipitada, poco valiente, nada estudiada, y produce una clara indefensión a los ciudadanos afectados". Una iniciativa viaria que tipificaron de "claramente contraria al ordenamiento jurídico".
Por ello, calificaron de "necesaria" la confección de un Plan Director de Carril Bici, sin cuya redacción, matizaron, "no se puede ejecutar este tipo de infraestructuras, con el fin de no incurrir en una infracción del ordenamiento jurídico que podría derivar en la nulidad del estudio de impacto ambiental, reservándose este Ayuntamiento el ejercicio de cuantas acciones fueran procedentes en defensa de los derechos e interés generales".
Por último, y en otro orden de cosas, el gobierno municipal solicitó, además, al Consell que incluya en el proyecto la soterración de todas las líneas que transcurren por esta carretera, con el principal objetivo de "garantizar un menor impacto de los tendidos aéreos y mejorar la seguridad".