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PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Comptes de Baleares ha señalado que el incumplimiento de la regla de gasto por parte del Govern podría tener "implicaciones" a largo plazo si continúa la senda que ha seguido en los últimos años.
El síndico mayor de la entidad fiscalizadora, Joan Rosselló, ha lanzado esta advertencia durante su comparecencia de este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, en la que ha detallado el informe de la Sindicatura de Comptes de la cuenta general de la CAIB de 2024.
El representante de este organismo ha apuntado que esto de deriva de la suspensión de las reglas fiscales que tienen las administraciones públicas desde el inicio de la pandemia de la covid-19. Aún así, hay un apartado que sí ha regido durante este periodo y es el que indica el gasto público puede crecer tanto como la economía.
Sin embargo, Rosselló ha recalcado que entre 2022 y 2024 el gasto que podía hacer la CAIB podía haber subido un 9% pero lo hizo en un 26,7%, por lo que la administración habría triplicado este límite establecido.
A pesar de esta cuestión, el síndico ha afirmado que la opinión general de la cuenta es "favorable" aunque han registrado unas "pocas" limitaciones para acceder a información y excepciones que no afectan al resultado general.
En ese sentido, ha remarcado que hay una partida de gasto del IbSalut, que ronda los 200 millones de euros, que se hace sin seguir los procedimientos pertinentes y se repite año tras año, por más que se haya aumentado el presupuesto de la Conselleria de Salud.
Uno de los motivos es que, en el ámbito sanitario, en determinadas operaciones financieras se hacen los expedientes a posteriori y esto no quiere decir que deje de haber controles sobre estos gastos pero ha resaltado que "el riesgo no deja de existir".
Por otro lado, ha afirmado que la Intervención General del Estado y de la propia CAIB tienen un control "exhaustivo" de los gastos relativos a contratos y subvenciones pero ha recalcado que el Govern carece de un plan estratégico de prevención de la corrupción, algo que sí cumple en el caso de la gestión de los fondos europeos porque lo requería la UE.
Otro de los problemas sobre los que ha alertado es el elevado periodo medio de pago a proveedores, que la legislación establece en 30 días como máximo y en 2024 fue de 46 días pero en el caso del IbSalut de elevó hasta los 53.
Rosselló ha apuntado que la incidencia de este retraso implica sobrecostes porque los acreedores litigan y reclaman intereses de demora. En el caso del IbSalut ha justificado el retraso en la saturación que tendrían los servicios administrativos para dar las órdenes de pago y que aumentan a medida que sube el presupuesto.
Dentro del plano sanitario, ha cifrado en unos 17 millones de euros la deuda que tiene el IbSalut por atender a pacientes que no están cubiertos por la Seguridad Social y que se perderían en los trámites para intentar cobrarlos, un asunto para el que el Govern habría contratado una empresa que los gestione.
Igualmente, ha mencionado la "poca ortodoxia" de una operación contable que se repite desde hace años, en la medida en que el Govern recurre a operaciones de endeudamiento, en lugar de transferencias de capital, para financiar a entidades como el Instituto Balear de la Vivivenda (Ibavi) o la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua).
Esto ha explicado que se lleva a cabo por motivos de "estabilidad presupuestaria" y no constituye ninguna ilegalidad pero ha subrayado que es "extraño" que se adopte esta política porque podría haber empresas que no dispongan de recursos para devolverlos.
"MAYOR RIESGO DE IRREGULARIDADES" EN MONTUÏRI
En la misma comparecencia ha intervenido la síndica Maria Antònia García para detallar el informe de la cuenta general de Montuïri de 2024 y que es la primera vez que se hace.
La representante de la Sindicatura de Comptes ha resaltado que se han abstenido de dar una opinión de las cuentas de la entidad local, puesto que no pueden confirmar si la cuenta general refleja una imagen "fiel" de su situación financiera.
Esto en parte de debe a que pese a que se entregó el documento dentro del plazo registraron 11 limitaciones para acceder a información, 12 incidencias "muy significativas" y 23 incumplimientos.
García ha hablado de incidencias como que Montuïri no tiene un modelo de control interno, las reglas fiscales no están calculadas de manera correcta o que no existe un inventario de bienes y derechos presupuestarios.
Los problemas se extienden al pago de las nóminas de los trabajadores, puesto que han encontrado errores en conceptos como la productividad o la carrera profesional, para ello han pedido revisar el sistema de retribuciones, actualizar la relación de puestos de trabajo e implantar un registro horario.
La síndica ha comentado que esto se traduce en una "falta de rigor contable" y que no se puedan "fiar" de la información, lo que comporta "muchos riesgos" de que haya una "distorsión" en las cuentas municipales y de "irregularidades".