PALMA DE MALLORCA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno, Ramón Socías, ha instado a los empresarios de Baleares a que regularicen a sus trabajadores antes del 31 de julio para atajar la economía sumergida, que afecta, sobre todo, a los sectores de la construcción, la hostelería y el campo, y evitar así las nuevas sanciones de hasta 10.000 euros en caso de que la Inspección de Trabajo detecte que tienen empleados sin dar de alta en la Seguridad Social.
Así, ha aclarado que el Decreto Ley del Plan de Ocupación Sumergida aprobado por el Ejecutivo central no supone una "anmistía" para los empresarios que incumplan la normativa, a pesar de que se les da de plazo entre el 7 de mayo y el 31 de julio para que regularicen la situación de sus trabajadores, con el fin de eludir las nuevas sanciones que son mayores que las actuales.
En esta línea, ha advertido de que la Inspección de Trabajo va a continuar actuando durante este periodo, dado que, a su juicio, hay que tener "tolerancia cero" contra la ocupación irregular, ya que es "negativa" para los propios empresarios, debido a que se hace una "competencia desleal a las empresas que sí cumplen la normativa".
Además, ha añadido que la economía sumergida también es "negativa" para los trabajadores, ya que el hecho de no estar asegurados, supone que pierden derechos y una protección social, al tiempo que ha añadido que también "se limita el crecimiento económico al país y se perjudica a las cuentas públicas".
No obstante, Socías ha reconocido que en este momento de crisis económica, entiende "perfectamente" que todo el mundo "intente buscarse la vida" y trabajando, en ocasiones, 'en negro', si bien ha precisado que la "mejor forma es dentro de la legalidad" cotizando a la Seguridad Social, con el fin de evitar que puedan "abusar" de este trabajador.
"Si se busca empleo dentro de la ilegalidad o la irregularidad, no se tienen los mismos beneficios que tiene cualquier trabajador, mientras que si te cogen, se corre el riesgo de sufrir una sanción", ha avisado.
INCREMENTO DE LAS MULTAS
El delegado ha recordado que, hasta ahora, el hecho de que un empresario tuviera a un trabajador sin estar dado de alta en la Seguridad Social, podría ser multado con una cuantía mínima de 626 euros y una máxima de 6.250 euros, mientras que, a partir del 31 de julio, la mínima será de 3.126 euros y la máxima de 10.000. "Lo que se ahorrarán los empresarios con la economía sumergida, lo pagarán de sobra", ha recalcado.
Asimismo, ha añadido que, en caso de que la Inspección de Trabajo detecte a una persona que esté trabajando 'en negro' al tiempo que está cobrando el paro o una pensión incompatible con cualquier empleo, podrá ser multado con un mínimo de 10.001 euros, frente a los 6.251 euros actuales.