PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cinco años de prisión que le fue impuesta al exgerente de Baleares Innovación Telemática (Bitel) Damià Vidal por haber ideado y planificado una trama dirigida a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos públicos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad, aprovechando para ello la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros.
En concreto, el Alto Tribunal le considera autor responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y cohecho, si bien le ha retirado el de prevaricación por el que también fue condenado en primera instancia. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba inicialmente 12 años de prisión para el exalto cargo del PP.
En su sentencia, el tribunal de la Sección Segunda declaró probado que Vidal se benefició de incrementos de nómina injustificados y no autorizados, con una retribución anual de 45.000 euros más 2.500 euros como plus de dedicación exclusiva, con el objetivo de lucrarse "indebida y personalmente". "Entre las facultades del director gerente no estaban el autoaumentarse sus retribuciones, ni concederse anticipos ni préstamos", exponía la resolución.
Es más, Vidal efectuó en provecho propio cargos de compras y servicios particulares en la tarjeta de crédito de Bitel, gastos no autorizados que "nada tenían que ver con el fin por la que fue entregada la tarjeta", al tiempo que realizó transferencias bancarias no autorizadas e hizo suyos, mediante el ingreso en su cuenta corriente, 36.000 euros, a través de dos transferencias bancarias de la cuenta de la empresa pública.
Se da la circunstancia de que Vidal fue perito de la defensa en el primer sumario del caso Bitel, que indagaba si desde la Secretaría de Matas en su primer mandato fue espiado el correo electrónico del entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el socialista Francesc Quetglas.
El de Bitel fue uno de los primeros juicios que se celebraron por las presuntas irregularidades cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas, quien por su parte está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena por el enriquecimiento presuntamente ilícito del que gozó cuando era máximo mandatario de la Comunidad y ha sido condenado en dos ocasiones.
