El TSJIB condena al Govern a pagar más de 200.000 euros por una expropiación por el desdoblamiento Palma-Manacor

PALMA DE MALLORCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha condenado al Govern a abonar 200.964 euros más intereses a la propietaria de una finca que fue expropiada con motivo de las obras de desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, y contra cuya reclamación se opuso el Ejecutivo autonómico alegando la falta de dotación presupuestaria para hacer frente a las expropiaciones pendientes.

Mediante una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo declara así el derecho de la afectada a cobrar las cantidades que le adeuda la Administración, y que se desglosan en 161.291 euros como justiprecio pendiente de pago, 39.673 por intereses en la tramitación, a lo que se suman los intereses de demora generados desde septiembre de 2010.

El tribunal considera que la justificación ofrecida por el Govern en torno a la falta de recursos "no puede ser razón para que los particulares tengan que hacer uso del recurso contencioso-administrativo para que la Administración abone aquello que reconoció adeudar".

En concreto, tanto la Administración como la propietaria, a quien le fueron expropiados en concreto 9.478 metros cuadrados de sueño, más una serie de elementos de delimitación, fijaron el justiprecio de la operación en la cantidad de 210.269 euros, si bien en marzo de 2011 la afectada presentó un escrito ante la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas y para reclamar el pago de 161.291 euros pendientes, más los intereses legales y de demora.

No obstante, como contestación, el ingeniero jefe del departamento de Obras Públicas manifestó que la Dirección General "carecía de dotación presupuestaria para abonar las expropiaciones pendientes", motivo por el que la reclamante decidió acudir a los tribunales, tal y como recalca la sentencia, que subraya que la contestación se dio a la solicitud de "una persona que fue expropiada en sus bienes y derechos, y con quien la Administración autonómica había alcanzado un acuerdo sobre el valor del justiprecio y sobre la adquisición de los mismos".

De hecho, destaca que el Ejecutivo no ha negado en este procedimiento la existencia de la deuda y la procedencia del pago de 161.291 euros como justiprecio pendiente de abono, como tampoco del devengo de intereses sobre la anterior cantidad.