PALMA DE MALLORCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) Felisa Vidal ha desestimado la petición del fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, y ha mantenido la querella de Europa Press y 'Diario de Mallorca' contra el juez Miguel Florit y el fiscal Anticorrupción Juan Carrau por la incautación y el rastreo de móviles de periodistas que informaban sobre el 'caso Cursach'.
En un auto dictado este viernes, la magistrada rechaza la pretensión de Barceló de no admitir a trámite la ampliación de la querella, que incluyó por primera vez a Carrau, y por segunda vez se opone a archivar las actuaciones. La querella recoge delitos de prevaricación, interceptación ilegal de las comunicaciones, delito contra la intimidad, delito contra la protección de datos de carácter personal y contra el ejercicio de otros derechos cívicos y vulneración del secreto profesional periodístico.
En los fundamentos de la decisión, la magistrada insiste en que la investigación se encuentra aún en una fase temprana y concluye que "de lo actuado hasta el momento no se puede descartar que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de infracción penal".
La instructora del TSJIB contesta a las alegaciones del fiscal señalando que "no es suficiente la investigación efectuada hasta el momento" ya que "ni tan siquiera" se ha tomado declaración al juez Florit, al fiscal Carrau o a los periodistas afectados, diligencias que "se revelan como imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos".
Asimismo, también argumenta que el TSJIB aún no ha podido examinar la totalidad de la causa, ya que en la última entrega de documentación todavía faltaban algunos archivos.
REVELAR LAS FUENTES DE LOS PERIODISTAS
En sus recursos, el fiscal jefe sostuvo que la orden de incautación no perseguía revelar las fuentes de los periodistas porque, mantenía, ya eran conocidas por otras vías de investigación. La instructora del TSJIB también contesta a esta afirmación argumentando que "la finalidad del auto es la que arroja su parte dispositiva", es decir, incautar móviles y ordenadores de periodistas para estudiar sus mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otras redes sociales para detectar envíos de datos, todo ello porque se tenía constancia de que los redactores habían tenido acceso a documentos confidenciales relativos al 'caso Cursach'.
Por ello, la magistrada concluye que "la mera lectura de dicho auto no permite afirmar de forma indubitada que las fuentes ya estaban identificadas", y avanza que precisamente este extremo será objeto de investigación.
Además, la juez añade que, precisamente, la identificación de las fuentes y el modo en el que se llevó a cabo es una cuestión vinculada a la ampliación que presentaron los periodistas, que incluyeron en su denuncia las órdenes para obtener datos telefónicos -listados de llamadas y posicionamientos- de los teléfonos móviles de los redactores. La magistrada del TSJIB alude "singularmente" a un auto en el que Florit, al dictar una orden para obtener estos datos, reconoció expresamente que en ese momento no tenían identificados a los posibles autores de la filtración y que lo que se perseguía con esa medida era "averiguar su identidad".
La Fiscalía también planteaba el archivo apoyándose en que el auto de incautación fue finalmente anulado, pero la juez no acepta que esto dejara "incólume la protección del secreto profesional". El fiscal aseguraba que los dispositivos fueron devueltos precintados y sin haber accedido a su contenido, pero la juez considera que eso no es suficiente "para tener por cierto lo que se afirma". "Quizás el Ministerio Fiscal conoce datos desconocidos por la instructora", apunta.
MANTIENE LA QUERELLA CONTRA EL FISCAL CARRAU
Además, la magistrada no sólo considera que sigue estando vigente la admisión a trámite de la querella por prevaricación judicial, sino que "cabe su admisión por los otros posibles delitos". También se ratifica en lo relativo al fiscal Carrau, al que los periodistas situaban como "inductor" de las decisiones del juez.
La instructora Felisa Vidal considera que aceptar los argumentos de Fiscalía "llevaría a que sería conceptualmente imposible la comisión de delitos de prevaricación judicial tanto en concepto de autor como de partícipe".
Señala que una cuestión es que el fiscal no pueda cometer prevaricación judicial -puesto que sólo puede hacerlo un juez- y "otra bien distinta, que se le permita inducir al juez o cooperar con el mismo impunemente". En esta línea, considera que no está excluido "que teóricamente pueda ser exigida" a un fiscal "responsabilidad" por su participación en los hechos, ya que de otro modo se crearía "una zona de impunidad no admisible" respecto a los fiscales.
Al margen de estos fundamentos teórico-doctrinales, entrando a examinar el caso de los periodistas, la instructora del TSJIB cree que debe incluirse al fiscal para investigar su "posible participación" en "el delito de prevaricación presuntamente cometido por el sr. Florit". Vidal entiende que el hecho de que los informes de Fiscalía no sean vinculantes no impide "que la conducta del fiscal pudiera ser constitutiva de delito". Además, recalca que el juez Florit no se apartó del dictamen del fiscal sino que adoptó las medidas que éste le había pedido, y con el alcance que había solicitado Carrau.
Igualmente, Vidal tilda de "sintomático" que no conste en los informes del fiscal "un juicio de ponderación de los intereses en conflicto", es decir, que no valorase el choque entre la investigación del delito de revelación de secretos y la protección del secreto profesional. "En el informe de 27 de noviembre de 2018 ni tan siquiera se menciona el secreto profesional de los periodistas", incide.
Además, la magistrada recuerda que varios policías, al ser interrogados, contaron que el fiscal estaba "indignado" por la publicación en prensa del informe sobre el 'caso Cursach', que le pidió al juez que se investigara la filtración y que una funcionaria comentó que "había mucho enfado" por este asunto.
INCAUTACIÓN DE MÓVILES
Se trata de un informe sobre el presunto fraude fiscal de las empresas del Grupo Cursach que fue publicado en primicia por Europa Press en julio de 2018. El diciembre, tres policías y una secretaria judicial se presentaran en la sede de Europa Press en Baleares con una orden judicial y se incautaron del móvil de la periodista Blanca Pou y otros dispositivos. Esa mañana también requisaron el móvil al periodista de 'Diario de Mallorca' José Francisco Mestre, en los Juzgados.
Tanto los redactores como los medios de comunicación afectados presentaron una querella contra Florit, que fue admitida a trámite. Posteriormente, el juez anuló el auto de requisa, diez días después de firmarlo. Posteriormente, la documentación aportada al TSJIB reveló que el juez había ordenado en varias ocasiones rastrear los teléfonos móviles de periodistas y redacciones de medios de comunicación -casi tres años de datos en el caso de la redactora de Europa Press-.
