Entrada de la sede del Ibavi en Palma. - CAIB
PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los vecinos de un edificio de vivienda de protección oficial (VPO) de la localidad mallorquina de Lloseta han exigido al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que cumpla la sentencia judicial que le obliga a arreglar las "graves deficiencias" que les han impedido usar correctamente las plazas de aparcamiento.
El caso se remonta a hace casi dos décadas años, pero no fue hasta diciembre de 2021 cuando ocho de los 36 vecinos del inmueble demandaron al Ibavi --dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern-- con el objetivo de que subsanara los errores e indemnizara a los afectados con 9.000 euros.
Como alternativa para el caso de que fuera imposible solucionar el aparcamiento, solicitaron la devolución de unos 13.500 euros correspondientes al precio atribuido a la plaza de aparcamiento, más los intereses legales desde su adquisición. También plantearon la devolución de las cantidades abonadas por el IBI.
Según la documentación judicial del caso, consultada por Europa Press, los vecinos del edificio ubicado en la calle Teatre de Lloseta señalaron en su demanda que la administración autonómica era conocedora de varias "deficiencias" e "irregularidades", como el hecho de que no constara que el aparcamiento tuviera licencia de instalación, pero no llevó a cabo actuación alguna.
El resultado, expusieron, fue un "perjuicio económico, moral y riesgo". Por cada plaza de aparcamiento, según su versión, pagaron de media unos 18.000 euros que "se invirtieron, a todas luces, de forma inútil".
El Ibavi, en su contestación, defendió que el proyecto cumplió con los requisitos legales para su construcción, negó la existencia de "defectos" en el edificio y consideró "absurda" la indemnización solicitada por los vecinos.
Un juzgado de primera instancia de Palma, en una sentencia dictada en enero de 2025, declaró que las plazas de aparcamiento no eran aptas para el uso al que estaban destinadas y responsabilizó de ello al Ibavi, a quien obligó a costear las obras para solucionar los problemas de entrada y salida, obtener los permisos y la licencia de apertura y funcionamiento y tramitar el correspondiente vado.
También condenó a la administración autonómica a pagar una indemnización de 2.000 euros a cada uno de los demandantes, con una excepción para dos copropietarios de una misma plaza, que debían recibir 1.000 euros cada uno.
Al entender que la cantidad era insuficiente "después de tantos años de perjuicios", los vecinos recurrieron a la Audiencia Provincial de Baleares, que sin embargo el pasado mes de mayo desestimó sus pretensiones y confirmó la sentencia de primera instancia.
"SEGUIMOS SIN SOLUCIÓN"
Una de las vecinas demandantes, en un comunicado remitido este miércoles a los medios de comunicación, ha lamentado que siguen "sin ver una solución" a sus problemas, pues no se han empezado las obras ni han recibido las indemnizaciones reconocidas por la justicia.
El Ibavi, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, publicó la licitación de las obras para modificar los accesos al aparcamiento el pasado mes de julio por valor de 73.000 euros y con un plazo de ejecución de medio año.
"Seguimos esperando después de casi veinte años. Nos preguntamos cómo es posible que unos ciudadanos que han pagado por sus viviendas, por sus aparcamientos y por sus impuestos tengan que pasar por semejante situación y, después de acudir a la justicia, todavía no hayan visto solucionado su problema", ha expuesto.
La perjudicada lamentado que hayan tenido que "gastar dinero para defender unos derechos legítimos" y que tengan que "seguir soportando las consecuencias de un problema" que no han provocado ellos.
Ha pedido que se investigue y se den explicaciones sobre lo sucedido, que se compruebe el estado de cumplimiento de la sentencia y que el Ibavi aclare cuándo piensa ejecutar las obras y abonar las indemnizaciones. También que se estudie qué posibilidades existen de reclamar los perjuicios económicos y el IBI.
"No queremos privilegios ni que nos regalen nada. Queremos que se responsabilicen de aquello que compramos y pagamos. Queremos que se cumpla la resolución judicial y que alguien nos dé una respuesta. Por eso pedimos ayuda. Porque después de casi veinte años de espera, sentimos que los ciudadanos estamos indefensos ante una administración que debería protegernos", ha señalado.
Los demandantes no están constituidos formalmente bajo ninguna asociación o plataforma jurídica, sino que se coordinan entre ellos para actuar de forma conjunta y coordinada.
Por el momento no tienen intención de proseguir con la vía judicial, aunque podrían interponer un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, y están centrados en "exigir el estricto cumplimiento de lo dictado por el tribunal".
