ACNUR dice que los desplazados "han sido testigos de atrocidades" y pide aumentar la entrega de ayuda
MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 24.000 personas se han visto desplazadas desde enero en el distrito mozambiqueño de Nangade, situado en la provincia de Cabo Delgado (norte), a causa de los últimos ataques en la zona por parte de grupos yihadista, según ha dicho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ha mostrado su alarma por la "violencia continua" en esta parte del país.
"Estas personas necesitan ayuda humanitaria y servicios de protección de manera urgente. Además, habría cientos de familias desplazándose en estos momentos", ha señalado el portavoz del organismo, Boris Cheshirkov, quien ha detallado que "unas 5.000 personas han buscado protección en el distrito vecino de Mueda, una zona aislada cerca de la frontera con Tanzania".
"Las personas que están huyendo de la violencia han sufrido y han sido testigos de atrocidades como asesinatos, decapitaciones, desmembramientos de cuerpos, violencia sexual, secuestros, reclutamientos forzosos por parte de grupos armados y torturas. La amenaza de un recrudecimiento de la violencia hace que el número de personas que llega a Mueda siga aumentando, ha alertado.
En este sentido, ha resaltado que el organismo y sus socios trabajan "en estrecha colaboración con las autoridades locales" para dar atención a los desplazados, incluida la entrega de materiales para contruir refugios y el establecimiento de instalaciones comunitarias y de recepción para las personas desplazadas internas en Lyanda y Nandimba.
Cheshirkov ha destacado sin embargo que "todavía quedan lagunas importantes, especialmente en lo que se refiere al apoyo psicológico y la salud mental a los niños y niñas no acompañados y separados, a las personas con discapacidad, a mujeres embarazadas y a personas mayores".
Las autoridades locales han señalado que Mueda acoge ya a cerca de 135.000 desplazados internos, con la mayoría de los campamentos "abarrotados" y cerca de su capacidad máxima. El distrito es el que acoge a un mayor número de comunidades desplazadas dentro de Cabo Delgado.
En total, más de 735.000 personas han huido de sus casas desde el inicio del conflicto en octubre e 2017, según ACNUR, que ha destacado que sus operaciones han sido financiadas únicamente al once por ciento del total de 36,7 millones de dólares (alrededor de 33,3 millones de euros) requeridos "para prestar asistencia vital".
En este sentido, ACNUR ha hecho hincapié en que un año después del asalto de Estado Islámico en África Central (ISCA) contra el distrito de Palma, que dejó decenas de muertos y miles de desplazados, "la seguridad sigue siendo frágil en algunas zonas del norte de Mozambique a pesar de las mejoras en otras áreas como consecuencia de la intervención del Gobierno y de las fuerzas aliadas internacionales desde julio de 2021".
El organismo ha resaltado que "algunas personas han elegido volver a sus áreas de origen", si bien ha dicho que "considera prematuro animar al retorno en Cabo Delgado debido a la continua inseguridad en zonas de la provincia". "ACNUR insiste en la importancia de garantizar que los retornos sean seguros, voluntarios, dignos, que se basen en una decisión bien informada y que los servicios básicos se hayan reestablecido en las áreas de origen", ha agregado.
Por otra parte, ha destacado que "los recientes fenómenos meteorológicos extremos, como la tormenta tropical 'Ana' en enero y el ciclón tropical 'Gombe' este mes, plantean dificultades adicionales tanto a las personas desplazadas como a las comunidades de acogida en el norte de Mozambique".
El país sufre desde 2017 un empeoramiento de la situación de seguridad en la provincia de Cabo Delgado, si bien durante los últimos meses el Ejército ha logrado avances con apoyo de fuerzas especiales de Ruanda y efectivos de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).
Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda. Desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por ISCA, que ha recrudecido sus acciones desde marzo de 2020.
