El acuerdo de paz en RCA contempla el fin de las hostilidades pero no deja claro si habrá amnistía

Ceremonia de firma del acuerdo de paz en RCA en Bangui el 6 de febrero de 2019
MINUSCA - Archivo
Publicado 08/02/2019 13:43:30CET

Las partes se comprometen a un Gobierno de unidad y a crear en tres meses una Comisión de la Verdad

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El histórico acuerdo de paz firmado el miércoles entre el presidente de República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, y catorce grupos armados prevé el cese inmediato de las hostilidades, un proceso de desarme y reinserción de los milicianos y la creación de un Gobierno inclusivo, pero no deja claro si habrá una amnistía por los crímenes cometidos desde 2013.

Tras dos días de incógnita sobre el contenido del acuerdo, la emisora Radio France Internationale ha publicado el texto suscrito al término de diez días de negociaciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados en Jartum, horas después de que el ministro de Comunicación, Ange Maxime Kazagui, compareciera para tranquilizar a la población, ante las especulaciones sobre lo pactado.

El ministro señaló que los crímenes graves cometidos en el marco del conflicto "serán abordados por la justicia internacional", mientras que en el apartado de la "justicia y la reconciliación nacional" las partes expresan su rechazo a "toda idea de impunidad", si bien no se dan más detalles de si habrá algún tipo de amnistía, como reclamaban los grupos armados.

Además, se comprometen a acelerar la creación de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Reconciliación, que deberá empezar a funcionar en 90 días desde la firma del acuerdo, para lo cual se creará inicialmente una comisión inclusiva integrada por las partes con el fin de "examinar todos los aspectos vinculados a los acontecimientos trágicos del conflicto en RCA, calificar y proponer cualquier acción susceptible de ser adoptada en materia de justicia".

RENUNCIA A LAS ARMAS

En el plano de la seguridad, los grupos armados se comprometen a "renunciar a las armas y a la violencia para hacer valer cualquier forma de reivindicación, ya sea política, social o económica" y con ello a "poner fin de forma inmediata, completa e irrevocable a todas las hostilidades y formas de violencia" entre sí, contra las fuerzas de seguridad, contra el personal de la ONU y todos los actores humanitarios, así como contra la población civil.

En este sentido, los grupos firmantes también se han comprometido a su "disolución integral" en todo el país, a dejar de reclutar y a controlar a sus miembros para que cumplan con lo pactado, a no obstaculizar la provisión de servicios públicos, además de participar plenamente en el programa de desarme y reinserción, para lo cual deberán presentar en un plazo de 60 días listas de los miembros que participarán en el mismo.

Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a crear una comisión mixta con los grupos armados para "analizar, caso por caso, los informes de reinserción de los dirigentes y miembros de los grupos armados que otrora ejercieron puestos en la función pública y militar" del país.

UNIDADES MIXTAS DE SEGURIDAD

También está prevista la creación de "unidades especiales mixtas de seguridad" que deberán empezar a funcionar en un plazo de 60 días para "contribuir a la protección y la seguridad de la población civil" y estarán operativas durante "un periodo transitorio inicial de 24 meses".

Dichas unidades estarán integradas por miembros de las fuerzas de seguridad y de los grupos que han firmado el acuerdo y "estarán bajo la supervisión del Estado Mayor centroafricano y podrán solicitar apoyo técnico de la MINUSCA", la misión de la ONU en el país.

Asimismo, los grupos armados abren la vía a explorar la "creación de organizaciones políticas". En este ámbito, las partes han pactado la creación de un "gobierno inclusivo" de forma inmediata tras la firma del acuerdo y han sostenido que "la organización de elecciones libres, justas, inclusivas, transparentes y creíbles es la única vía para garantizar la alternancia política y contribuir a la consolidación de la democracia".

Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a trabajar para "erradicar las causas profundas de la crisis política y de seguridad" y a sacar adelante una nueva ley de descentralización que permita "la transferencia efectiva de las competencias y los recursos necesarios a nivel de prefecturas y local".

También deberá acometer una "reforma del sector de la seguridad y garantizar el carácter republicano y profesional del Ejército y las fuerzas de seguridad" para lo cual el reclutamiento se realizará de forma "equitativa, inclusiva, transparente y garantizando la representación del conjunto de componentes de la sociedad del país".

Igualmente, según el texto, el Gobierno buscará "crear las condiciones necesarias para el retorno voluntario, la reintegración y la reinserción social de todos los refugiados y desplazados", así como las "condiciones para que la explotación de los recursos naturales y los ingresos generados por ellos beneficien de forma equitativa al conjunto de la población".

CONFLICTO DESDE 2013

El país vive inmerso en un conflicto que comenzó a finales de 2013 y que enfrenta al Gobierno, a los antiguos rebeldes Séléka --principalmente musulmanes-- y las milicias de autodefensa 'antibalaka' --predominantemente cristianas--.

Con más de seis de cada diez habitantes necesitados de ayuda humanitaria para sobrevivir, RCA es la tercera mayor crisis humanitaria actual, de ahí el que la ONU haya solicitado 430,7 millones de dólares para ayudar a quienes más lo necesitan en 2019.

De los 4,6 millones de habitantes con que cuenta el país, 2,9 millones --el 63 por ciento-- necesitan ayuda y protección, una cifra que supone un aumento considerable respecto a los 2,5 millones que había hace un año. De ellos, 1,9 millones necesitan asistencia de forma inmediata.

Además, el 43 por ciento de la población, o lo que es lo mismo, 1,9 millones se enfrentan a inseguridad alimentaria y uno de cada dos habitantes carece de acceso a agua potable. A esto se suma el que uno de cada cuatro centroafricanos se ha visto desplazado por el conflicto.

RCA era hasta ahora uno de los países más peligrosos para los trabajadores humanitarios, pero entre los compromisos suscritos por los grupos armados hay uno en el que garantizan "a las ONG nacionales e internacionales el respeto de los principios humanitarios, la protección de sus bases de operaciones y de su personal, la no agresión de los convoyes humanitarios y el acceso incondicional y seguro de la asistencia humanitaria".

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