Publicado 02/12/2021 16:32CET

AI denuncia la detención ilegal de solicitantes de asilo en un nuevo campo financiado por la UE en Grecia

Archivo - Centro de refugiados en la isla de Samos, en Grecia, financiado con ayuda de la UE
Archivo - Centro de refugiados en la isla de Samos, en Grecia, financiado con ayuda de la UE - Socrates Baltagiannis/dpa - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha denunciado este jueves que las personas solicitantes de asilo que residen en el nuevo campo para personas refugiadas financiado por la UE en la isla de Samos, en Grecia, están detenidas ilegalmente por las autoridades griegas tras una decisión del ministro de Migración y Asilo, Notis Mitarachi, que aún no se ha hecho pública.

Según la organización, por decisión del ministro desde el 17 de noviembre quienes carecen de tarjetas de asilo --emitidas por el Gobierno-- tienen prohibido salir del campo durante un periodo indefinido, por lo que afecta a las personas a las que se ha retirado la tarjeta como consecuencia de la denegación de su solicitud de asilo y a las recién llegadas que aún carecen de ella.

Los cálculos oficiales apuntan a que, desde hace más de dos semanas, se impide salir a unas 100 personas de las 450, que están en unas instalaciones similares a una cárcel, lo que viola su derecho a la libertad personal.

Además, los movimientos de las personas residentes dentro y fuera del campo --que sólo están permitidos entre las 8.00 y las 20.00 horas-- están sometidos a controles de seguridad a través de puertas magnéticas.

El nuevo "centro controlado-cerrado" de Samos, financiado por la UE, está construido en un lugar asilado a seis kilómetros de la ciudad principal de la isla, Vathi. Puede albergar un máximo de 3.000 personas y está equipado con un rígido sistema de contención y vigilancia que incluye una doble valla de metal de alambre de púas, cámaras de circuito cerrado en todo el centro y la presencia constante de patrullas de policías y guardas de seguridad privados,m asegura Amnistía.

"Este campo recuerda más a una prisión que a un lugar donde acoger a personas que buscan seguridad. Se trata de un abuso flagrante del dinero de la UE y de los derechos de las personas residentes", ha criticado Adriana Tidona, investigadora sobre migración de Amnistía Internacional.

La organización ha insistido en que "a las personas residentes en el campo de Samos se les está privando de libertad de forma automática y en masa, por motivos jurídicos opacos e ilegítimos, sin poder cuestionar su confinamiento, durante un periodo indefinido".

"Como temíamos, las autoridades griegas se ocultan tras el concepto, legalmente ambiguo, de lo que se conoce como centros controlados-cerrados para privar ilegalmente de libertad a las personas solicitantes de asilo", ha continuado Tidona, que ha pedido al Gobierno griego que "retire con carácter urgente esta decisión y levante las restricciones impuestas a las personas que residen en el campo de Samos".

Además, ha remachado la investigadora, "la Comisión Europea debe garantizar que se respetan los derechos fundamentales dentro de las instalaciones financiadas por la UE".

Una delegación de Amnistía Internacional visitó el centro el pasado 22 de noviembre, el quinto día de las restricciones, y pudo hablar con alguno de los afectados. El centro de Samos ha contado con la ayuda de 276 millones de euros concedidos por la Comisión Europea, y se espera que las autoridades griegas, que ya han inaugurado centros similares en Leros y Kros, abran otros similares en Lesbos y Quíos.

A estas restricciones se suma que los solicitantes de asilo en toda Grecia llevan dos meses sin recibir ninguna ayuda económica después de que se suspendiera abruptamente cuando la gestión del programa de ayuda monetaria financiado por la UE fue transferida de ACNUR a las autoridades griegas. Según las ONG en Grecia, esto afecta a alrededor de 34.000 solicitantes de asilo.

Por otro lado, desde octubre de 2021, las autoridades griegas han suspendido la entrega de alimentos y agua a personas refugiadas reconocidas y a solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido rechazada, han denunciado las ONG.