Alianza por la Solidaridad denuncia 2.200 agresiones hacia mujeres que defienden el derecho al agua

La activista Berta Cáceres
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Publicado: miércoles, 20 marzo 2019 11:05

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres defensoras del acceso al agua han sido objeto de 2.200 agresiones en los dos últimos años en América Latina, según ha denunciado la organización Alianza por la Solidaridad, que ha instado a elaborar un tratado internacional jurídicamente vinculante que regule la relación entre las empresas privadas y los Derechos Humanos.

El último Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos contabilizó, entre 2015 y 2016, un total de 609 ataques contra defensoras de derechos relacionados con la tierra y los bienes naturales; lo que supone un 30 por ciento más que en el periodo anterior, que iba desde 2012 hasta 2014, según ha detallado la ONG en un comunicado de prensa.

Más de veinte mujeres perdieron la vida como consecuencia de estos ataques, han lamentado desde Alianza por la Seguridad, entre ellas, la hondureña Berta Cáceres. No obstante, desde esta organización creen que estas cifras podrían ser "más elevadas" ya que, en muchas ocasiones, "no se dan a conocer o se atribuyen a otros sucesos violentos".

Tras el aumento del número de mujeres, muchas de ellas indígenas, que defienden este derecho en sus localidades y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua este viernes, esta ONG estima que es necesario la creación de un tratado internacional jurídicamente vinculante que regule la relación entre empresas y los derechos humanos.

Asimismo, consideran que este tratado tendría que incluir una referencia para evitar la violencia específica que sufren estas mujeres. Para ello habría que diseñar, tal y como explica la Resolución de la ONU de 2013, mecanismos de observación y evaluación contra este tipo de discriminación y violencia.

En Centroamérica, este tipo de vulneraciones se producen por el "acaparamiento del agua por parte de las grandes empresas", subraya la ONG. Este hecho, unido a los efectos del cambio climático en la región, ha favorecido la criminalización hacia aquellas personas que ejercen el liderazgo en la defensa de este recurso.

Alianza por la Seguridad ha criticado que sea el Estado el principal agresor de estas mujeres ya que, según sus datos, el 54 por ciento de los agresores son policías, militares, funcionarios o autoridades.

Además, ha destacado casos como el del acuífero sobrexplotado por una embotelladora de Coca-Cola en Nejapa, en El Salvador donde se prioriza el agua para su uso industrial frente al consumo humano; las hidroeléctricas Oxec y Renace de Guatemala; la mina de plata y oro El Tambor, también en Guatemala o la geotérmica salvadoreña La Geo.

Precisamente en este último caso, la Coordinadora para la Defensa de la Subcuenca del Río San Simón, ha denunciado desde 2002 cómo esta empresa ha contaminado el agua de la zona. Orellana, una de las mujeres que ha liderado estas denuncias dice sentir "muy fuerte" la presión de la empresa La GEO que, según ha detallado, les ha amenazado diciendo que sabían quiénes eran y quiénes eran sus hijas.

"Algunas compañeras recibieron amenazas, incluso con un fusil. Ha habido miedo, desánimo, porque parece que es una lucha personal, cuando es algo que hacemos para todas las personas", ha añadido.

En estos momentos, Alianza por la Seguridad tiene abierta una investigación para visibilizar este tipo de agresiones y los impactos que tienen en las vidas de estas mujeres.

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