CARACAS, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha urgido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a "deponer la actitud represiva", tras los disturbios que se desataron el jueves en la marcha opositora de Caracas, que se saldó con un muerto y decenas de detenidos, y a convocar elecciones anticipadas para zanjar la crisis.
"Un manifestante muerto y decenas de heridos y detenidos es el saldo inicial de la represión de la víspera, que busca sofocar el clamor por elecciones libres, la única forma de salida para un país devastado por la crisis política y el saqueo", ha dicho Almagro en un comunicado.
En concreto, ha llamado la atención sobre la muerte de Jairo Ortiz, un estudiante universitario de 19 años, que recibió un disparo en el pecho en el estado de Miranda. "Este crimen debe llamar a la democracia en el país, a hacer justicia, a superar la ignominia de la cobardía de sus asesinos", ha sostenido.
En este clima de "autoritarismo", ha lanzado un mensaje a los militares que, "lejos de actuar como las fuerzas del orden, actúan como las fuerzas de la represión y del terror". "Este régimen autodenominado cívico-militar es el responsable no solo de la pérdida de la democracia y de la crítica situación alimentaria en Venezuela, sino también de incitar al odio", ha dicho.
Para Almagro, "la utilización de las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir manifestaciones en favor de los derechos constitucionales y principios democráticos resulta absolutamente inaceptable y nos retrotrae a los momentos más oscuros de la historia de nuestros países".
Almagro ha recordado que "la protesta pacífica y el derecho a la libertad de reunión pacífica son derechos universales que debe respetar cualquier Gobierno, especialmente los gobiernos democráticos", por lo que, "estos revela nuevamente que en Venezuela no existe Estado de Derecho y que se violan metódicamente los Derechos Humanos".
Así las cosas, ha instado al Gobierno de Venezuela a "deponer su actitud represiva, que solo puede conducir a más aplastamiento de libertades y a situaciones de mayor dolor y duelo", y "cesar el uso de la violencia y de otras herramientas de represión contra manifestantes opositores que protestan pacíficamente en defensa de la democracia y del Estado de Derecho".
"Hoy, me veo obligado a advertir al Gobierno de que los demócratas del continente no aceptaremos pagar con sangre venezolana las deudas de democracia, libertades, prosperidad, Constitución y derechos que sus gobernantes han contraído a costillas del pueblo", ha alertado y ha reclamado "elecciones, el único camino para que Venezuela tenga un Gobierno legítimo surgido del único soberano: el pueblo".
CRISIS INSTITUCIONAL
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.
El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la OEA expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.
En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.
El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.
