LITTLE ROCK (ARKANSAS, EEUU), 18 Abr. (Reuters/EP) -
La fiscal general de Arkansas, Leslie Rutledge, y el gobernador del estado, Asa Hutchinson, han prometido que continuarán con las ejecuciones de presos previstas para abril, a pesar de que el Tribunal Supremo estatal ha cancelado las dos últimas inyecciones letales horas antes de que se administraran a los reos.
Rutledge ha afirmado que continuará buscando justicia para los familiares de las víctimas y que luchará por llevar a cabo las dos ejecuciones previstas para este jueves, las dos del 24 de abril y la del día 27.
"Continuaré respondiendo a todos y cada uno de los recursos legales presentados por los presos", ha dicho en un comunicado este lunes. "Las familias han esperado justicia durante mucho tiempo y esto va a continuar siendo una prioridad", ha añadido.
Por su parte, el gobernador de Arkansas ha reconocido que ha sido "un día complicado para todos los involucrados" pero ha subrayado que el miércoles habrá que "seguir luchando hasta el último minuto para reclamar y bloquear la decisión de la justicia en nombre de las familias de las víctimas".
Estas declaraciones llegan después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegara una petición de la fiscal general de Arkansas para que anulara el aplazamiento de la ejecución de Don Davis, decretado por el Supremo de ese estado. Davis fue sentenciado a muerte por el asesinato en 1990 de Jane Daniel, de 62 años, cuando robaba en su domicilio. La Fiscalía decidió no recurrir el aplazamiento de la ejecución de Bruce Ward, otro reo que iba a recibir la inyección letal.
Tanto Davis como Ward han pasado más de 20 años en el corredor de la muerte y su ejecución estaba programada para la noche del lunes pero el Supremo de Arkansas decidió aplazarla tras aceptar un recurso de sus abogados sobre el estado psiquiátrico de los reos.
El estado de Arkansas asegura que ha tenido que actuar rápidamente porque uno de los fármacos de la inyección letal, un sedante del tipo valium que es muy difícil de conseguir, caduca a finales de abril. Los críticos con la aplicación de la pena capital sostienen que precipitarse con las ejecuciones es imprudente y argumentan que los fármacos no llevan al condenado a un estado suficientemente profundo de inconsciencia y que, por lo tanto, no debe usarse en ejecuciones.
El 6 de abril, el juez del distrito J.P. Marshall canceló una de las ejecuciones argumentando que la escasez de tiempo no permitía estudiar adecuadamente la solicitud de indulto para el recluso Jason McGehee, uno de los presos condenados a morir el 27 de abril.
En 2014, el estado de Oklahoma fue el último en intentar llevar a cabo dos ejecuciones en la misma noche. Texas fue el estado en el que se produjo la última ejecución doble de Estados Unidos en el año 2000.
