BRUSELAS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha abierto este jueves sendos expedientes de infracción a Grecia, Italia y Croacia por no aplicar correctamente las normas europeas de 2013 que exigen a los Estados miembro tomar las huellas dactilares de todos los demandantes de asilo que llegan a sus países y remitir los datos a la base de datos comunitaria Eurodac y ha abierto otro expediente a Hungría por su ley de Asilo que no es compatible con las normas de la UE.
"La aplicación eficaz de la normativa Eurodac es esencial para el funcionamiento del sistema de Dublín y los esquemas de reubicación de la UE", ha avisado el Ejecutivo comunitario, en alusión al marco europeo que prevé que sea el primer país al que llega un refugiado el que tramite su demanda de asilo.
La Comisión Europea ha enviado sendas cartas de emplazamiento a los tres países, el primer paso de un procedimiento de infracción, y les ha dado dos meses para remediar la situación y no avanzar en los expedientes.
El Ejecutivo comunitario ha justificado la apertura de los expedientes a la luz de las "discrepancias" entre el número de entradas irregulares de Frontex y el número de personas cuyas huellas dactilares han sido registradas en Eurodac. Los países tienen que remitir los datos a Eurodac en un plazo de 72 horas, incluido para contribuir a la lucha antiterrorista y combatir los crímenes graves.
En el caso de Grecia, sólo 121.000 nacionales de terceros países fueron registrados en Eurodac desde el 20 de julio hasta el 30 de noviembre cuando los datos de Frontex apuntan a 492.000 entradas irregulares.
En cuanto a Italia, entre el 20 de julio y finales de noviembre, sólo aparecen 29.000 personas registradas en la base de datos frente a las 65.000 que habrían llegado al país por mar, mientras que en el caso de Croacia sólo aparecen 575 en la base cuando "más de 340.000 inmigrantes y refugiados llegaron a Croacia desde el 16 de septiembre", ha explicado la portavoz de Inmigración del Ejecutivo comunitario, Natasha Bertaud.
Si Bruselas dictamina que no han tomado medidas para resolver el problema de forma satisfactoria podría enviar un dictamen motivado a estos países, el segundo y último paso antes de decidir si lleva su caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y pedir que la justicia europea les imponga una multa si en un plazo de dos meses no dan los pasos solicitados.
ULTIMÁTUM A GRECIA Y MALTA
El Ejecutivo comunitario también ha dado un ultimátum a Grecia y Malta por no haberle comunicado las medidas necesarias para aplicar plenamente las normas europeas sobre Procedimientos de Asilo, que fija los procedimientos comunes para conceder y retirar la protección internacional y la normativa sobre Recepción de Condiciones que garantiza que los demandantes de asilo tiene derecho a alojamiento, alimentos, empleo y cuidado médico y psicológico hasta que se resuelve su petición.
Si en dos meses no dan los pasos necesarios para responder de forma satisfactoria al dictamen motivado que les ha remitido podría denunciarles ante el Tribunal de Justicia de la UE.
VE INCOMPATIBLE LA LEY DE ASILO HÚNGARA
El Ejecutivo comunitario ha enviado asimismo una carta de emplazamiento formal al Gobierno de Viktor Orban tras concluir que las enmiendas aprobadas en julio y septiembre a la ley de asilo en Hungría que criminaliza la entrada ilegal al territorio "en algunos casos es incompatible con la legislación de la UE", especialmente por lo que se refiere a las normas de los procedimientos de asilo de 2013 y la normativa que regula el derecho a la interpretación y traducción en juicios penales de 2010.
En relación a los procedimientos de asilo, el Ejecutivo comunitario sigue preocupado por el hecho de que en Hungría se están llevando a cabo expulsiones del territorio de refugiados antes de que se haya concluido el plazo para la apelación y no se suspendan automáticamente las decisiones que están pendientes de apelación. También le preocupa el hecho de que no hay posibilidad de remitirse a nuevos hechos o circunstancias en caso de apelación.
También ve preocupante el hecho de que los procedimientos judiciales criminales rápidos por cruzar ilegalmente la frontera no respetan no respetan las normas que garantizan el derecho a la interpretación y traducción en juicios penales, incluida la traducción de todos los documentos esenciales del caso, entre ellos la sentencia.
El Ejecutivo comunitario también le preocupa el hecho de que en el marco de la revisión judicial de decisiones de rechazo de una demanda de asilo la audiencia personal de los demandantes sea opcional y cuestiona la independencia judicial de decisiones judiciales que toman las secretarias de tribunal, algo que parece violar tanto las normas de procedimiento de asilo como el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un juicio justo y un remedio efectivo.
También ha dejado claro que buscará "clarificaciones adicionales" del Gobierno de Orban "en otras cuestiones pendientes".
