La Asociación Libre de Abogados y la Asociación Madres contra la Represión denuncian la falta de garantías procesales en España
BRUSELAS, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El subdirector del gabinete de la comisaria de Justicia, Daniel Braun, ha admitido a la Asociación Libre de Abogados, a la Asociación Madres contra la Represión y a Izquierda Unida que no descarta llevar a España ante la Justicia europea por no cumplir las directivas relativas al derecho de traducción e interpretación y la de derecho de información en los procesos penales de 2010 y 2012.
"Han dicho varias veces que están dispuestos a ir a juicio contra el Estado español porque además somos el único país con un procedimiento abierto de infracción sobre estas directivas", ha explicado la eurodiputada de IU, Marina Albiol, al término del encuentro que han mantenido, en el que también ha participado Fabien Lebot, otro alto funcionario del Departamento de Justicia del Ejecutivo comunitario.
En el caso de la directiva al derecho de traducción e interpretación, que tenía que haberse traspuesto hace tres años, la comisaria de Justicia, Vera Jourova, ya confirmó en una respuesta parlamentaria el pasado 6 de enero que Bruselas incoó "un procedimiento de infracción mediante el envío de un escrito de requerimiento y un dictamen motivado a España" y que "si España no adopta las medidas que incorporen la directiva a su ordenamiento jurídico nacional, la Comisión podría considerar la necesidad de someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Respecto a la directiva sobre el derecho de información en los procesos penales, que debía haberse transpuesto hace un año, la Comisión espera todavía recibir información del Gobierno español, aunque la comisaria también avanzó en otra respuesta parlamentaria el pasado 19 de enero que "si no se llegara a una solución satisfactoria en esta primera fase del procedimiento, el caso podría llevarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Los letrados de la Asociación Libre de Abogados, Alejandro Gámez y Elatz Ibarrondo, han denunciado que España también incumple la directiva relativa al derecho de asistencia de letrado, pero que el Ejecutivo comunitario no puede actuar porque el plazo de transposición no finaliza hasta 2016, aunque han defendido que la normativa europea es de obligado cumplimiento.
Ibarrondo, que lleva el caso de Alfonso Fernández, ha denunciado la existencia de "ficheros policiales" sobre activistas empleados de forma virtual "en algún procedimiento judicial" y ha recordado que en el caso de 'Alfon' éste fue objeto de "seguimiento desde el año 2009".
"Nuestros hijos sufren persecución ideológica, que es lo que está ocurriendo en nuestro país", ha subrayado por su parte Elena Ortega, de la Asociación de Madres contra la Represión y madre de 'Alfon', cuyo caso ha expuesto.
Ortega ha denunciado que en España se condenen a "miles de jóvenes" como su hijo de delitos de "atentado a la autoridades, desórdenes públicos y lesiones" en base a un atestado policial "con acusaciones falsas" y en los juicios "no se toma en cuenta la defensa, ni las pruebas que pueda presentar la defensa ni los testigos, se utiliza simplemente la palabra de la policía para condenar a los imputados", al tiempo que ha explicado que han recurrido ante el Tribunal Supremo la condena a cuatro años de cárcel dictada en noviembre contra su hijo y están pendientes "de que se admita el recurso".
Gámez ha denunciado que "el Estado demuestra que no quiere garantizar esos derechos" a las personas detenidas y ha insistido en que los atestados deben enseñarse a la parte afectada y deben garantizar la entrevista previa a la toma de declaración con un abogado, al tiempo que ha criticado que los jueces nacionales "no tiene ni pajotera idea del derecho comunitario" y por ello no aplican las normativas europeas. Y ha dejado claro que no tienen "garantías" de que las normativas europeas se vayan a transponer en el marco del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento, como ha prometido el Gobierno.
"Las autoridades en el Estado español están conculcando los derechos de los detenidos y vulnerando la legislación europea claramente", ha insistido Albiol, que ha lamentado "el aumento de la represión en el Estado español y de la criminalización de la protesta social" en un contexto de "drama social, paro y pobreza" en España.
"La respuesta que nos han trasladado es que les preocupa la situación del Estado español, que todas las detenciones tienen que tener una base legal clara", ha resumido la eurodiputada de IU.
