BRUSELAS, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que presentará a finales de septiembre una propuesta para que las plataformas digitales como Google, Facebook o Twitter tengan la obligación legal de retirar contenido terrorista y cooperar con las autoridades competentes en futuras investigaciones, tras la publicación en marzo de una serie de recomendaciones a estas compañías para combatir la existencia de contenidos ilegales en Internet.
Las recomendaciones propuestas el pasado marzo, que instan a las plataformas digitales, de manera voluntaria, a retirar contenidos terroristas en un plazo máximo de una hora desde que son informadas por las autoridades policiales, no son suficientes para el Ejecutivo comunitario, que ahora busca que ese requerimiento se convierta en una obligación en todo el territorio europeo.
"Hemos llegado a la conclusión de que (el contenido terrorista) es una cuestión demasiado seria y supone una amenaza y un riesgo para los europeos, por lo que debemos tener la certidumbre absoluta de que todas las plataformas y proveedores en línea eliminarán el contenido terrorista y cooperarán con las autoridades judiciales", ha asegurado en rueda de prensa la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová.
Así, Bruselas ha asegurado que la propuesta que preparar se encuentra en la "fase final", si bien una vez sobre la mesa deberá contar con el 'visto bueno' tanto del Parlamento Europeo como de los Estados miembros.
El código de conducta actual recomienda a las plataformas que retiren las publicaciones que incitan a cometer actos terroristas, pero también la incitación al odio y la violencia, materiales que contengan abuso sexual a menores o que incumplan la legislación comunitaria de derechos de autor.
"Lo que es ilegal en la vida real también es ilegal en línea" aseguró en marzo el vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip. El Ejecutivo comunitario decidió entonces dejar la puerta abierta para dar "pasos adicionales" y proponer una legislación comunitaria concreta que evite la propagación de contenido terrorista en redes.
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