Cerca de 300 personas han muerto por el uso de una pistola eléctrica Taser en los últimos años, según AI

Actualizado: viernes, 16 noviembre 2007 19:46

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable del informe sobre armas eléctricas Taser de Amnistía Internacional, Yolanda Román, afirmó hoy que, sólo en Estados Unidos, 269 personas han muerto tras recibir la descarga de una de estas pistolas, y en Canadá han perdido la vida otras 16; la última, un inmigrante polaco a manos de un policía en un control de aeropuerto. En España, algunas Policías locales ya empiezan a utilizar las Taser.

Tras la difusión hoy del vídeo en que se muestra cómo el agente canadiense somete repetidas veces al detenido a las descargas de la Taser, Amnistía ha vuelto a solicitar a la comunidad internacional que prohíba el uso de este tipo de arma, al menos hasta que "existan informes médicos rigurosos sobre sus impactos sobre la salud".

En declaraciones a Europa Press, Román recordó otro conocido vídeo en el que se aprecia cómo un estudiante estadounidense contrario a las ideas políticas de John Kerry era reducido con los mismos métodos en el aula de una universidad de Florida donde el líder político iba a ofrecer una conferencia.

La experta alertó de que "se desconocen con rigor los efectos sobre la salud" de estas descargas, y más aún las consecuencias que puede sufrir una persona "que tenga otro tipo de circunstancias" como un problema cardíaco, el haber consumido drogas "o haber recibido otro tipo de golpes previamente". En estos casos, "pueden ser letales", afirmó.

Además de las muertes, Amnistía ha documentado "centenares de denuncias en los últimos años por el uso abusivo de estas pistolas", ya generalizadas en Estados Unidos, donde en algunos casos los agentes las utilizan "sobre detenidos ya reducidos, a modo de castigo, o contra estudiantes revoltosos", apunta Román.

En España, la legislación define las Taser como "defensas eléctricas". Según el artículo 5 de la Ley de Armas, está prohibido su uso a particulares, pero no a "funcionarios públicos especialmente habilitados", por lo que son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad quienes, en sus respectivas normativas, deciden sobre su utilización.

La Policía Nacional y la Guardia Civil no contemplan las "defensas eléctricas", aunque, explicó Román, "algunas Policías locales con libertad normativa en este sentido están empezando a utilizarlas", como es el caso de los Mossos d'Escuadra, para cuya Unidad de Intervención Especial la Generalitat "ha comprado muchas unidades".

El problema, según Amnistía, es que se están extendiendo entre cuerpos de Policías locales españoles de regiones como Canarias o Comunidad Valenciana sin que previamente se haya redactado normativa alguna sobre su uso, lo que supone "un descontrol absoluto" porque "se convierten en instrumentos de tortura fácilmente". Para Román, "deberían estar reguladas estrictamente".