PARÍS, 20 Mar. (EUROPA PRESS/Javier Gómez Muñoz)
El presidente francés, Jacques Chirac, volvió a pedir hoy a los sindicatos, como ya hizo en tres ocasiones la semana pasada, que acepten volver a la mesa de negociación y afronten de forma "constructiva" la posibilidad de mejorar los nuevos contratos flexibles para jóvenes.
El jefe de Estado intenta así desactivar la posible huelga general que los sindicatos meditan convocar y que decidirán, hoy, en una reunión con todas las organizaciones estudiantiles y sindicales. "El objetivo de los próximos días es abrir un diálogo constructivo y con confianza que pueda permitir mejorar los Contratos Primer Empleo (CPE)", declaró Chirac, en el Elíseo, tras un encuentro con el rey Abdalá de Jordania.
"Confío en el espíritu de responsabilidad de las organizaciones de trabajadores y de los representantes juveniles para comprometerse con la vía de la eficacia y del sentido común", añadió el jefe del Estado. En opinión de Chirac, las protestas y la "inquietud" de una parte de la sociedad son "legítimas", pero "no deben conducir a la inacción sobre el paro de los jóvenes". Los sindicatos se niegan a negociar y exigen la suspensión, al menos temporal, de la medida.
Ante las dudas sobre un posible enfrentamiento entre el primer ministro, Dominique de Villepin, y el presidente, Chirac subrayó que aprueba la voluntad de diálogo del jefe del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo elaboró la medida sin consultar ni a patronal ni a sindicatos y sólo ha aceptado dialogar una vez que la ley ha sido votada.
Asociaciones estudiantiles, sindicatos y partidos de izquierda han multiplicado las peticiones al presidente Jacques Chirac en las últimas 48 horas para que ponga fin a la crisis, a pocas horas de que las organizaciones de trabajadores decidan si convocan una huelga general.
Villepin insiste en mantener su reforma contra la opinión mayoritaria de la sociedad gala. Según un sondeo aparecido hoy en 'Libération', sólo el seis por ciento apoya el Contrato Primer Empleo tal cual lo ha elaborado el Gobierno. En cambio, el 73 por ciento cree que es necesario retirarlo (35%) o modificarlo (38%).
