MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha condenado este lunes a dos años de cárcel al activista Waled al Shehhi por "violar la seguridad del Estado" a través de varios mensajes publicados en su cuenta oficial en la red social Twitter. Asimismo, le ha impuesto una multa de 500.000 dirhams (alrededor de 100.000 euros).
Al Shehhi fue arrestado en mayo tras 'tuitear' detalles sobre el juicio contra 94 islamistas acusados de intentar derrocar el sistema político del país. En julio, 68 de ellos fueron condenados a penas de hasta diez años de cárcel.
El Ejecutivo emiratí ha afirmado que todos ellos formaban parte de una célula secreta con vínculos con la organización islamista Hermanos Musulmanes. La mayoría de los detenidos son miembros de la organización islamista Al Islá, a la que las autoridades acusan de querer derrocar a las monarquías gobernantes para instaurar un Gobierno de corte islamista.
Este mismo mes, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) advirtió de que el encarcelamiento de los 68 acusados ponía en duda la capacidad del sistema judicial emiratí para respetar los derechos básicos de expresión y asociación.
Por su parte, el Centro Emiratí por los Derechos Humanos ha indicado que Al Shehhi fue arrestado en mayo y retenido durante diez días en una prisión secreta antes de ser trasladado a una prisión de Abu Dhabi, según ha informado la cadena de televisión británica BBC.
Así, ha sostenido que el activista "usó su cuenta en Twitter para cuestionar la forma en la que se llevó a cabo el juicio contra los 94 islamistas, pidiendo la liberación de los prisioneros al considerar que fueron detenidos únicamente por apoyar la introducción de reformas democráticas en el país".
EAU endureció en noviembre de 2012 su legislación contra las críticas vertidas contra las autoridades a través de las redes sociales en el marco de un decreto del presidente, el jeque Jalifa bin Zayed al Nahyan, contra "los cibercrímenes".
Dicho decreto facilita una base legal para juzgar y encarcelar a la gente que use las tecnologías de la información para criticar a las autoridades, abogar por reformas políticas o convocar manifestaciones no autorizadas.