MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal militar ha declarado culpables a once miembros del Ejército de Sudán del Sur (denominadas Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur, SSPDF) por delitos graves como asesinato y violencia sexual, por lo que han sido condenados a diez años de prisión y deberán pagar una indemnización a las víctimas.
Los condenados, además, han sido despojados de sus rangos y expulsados de las SSPDF, según la sentencia del tribunal, que ha contado con la asistencia técnica y financiera de Naciones Unidas.
El gobernador del condado de Río Yei, Aggrey Cyrus Kanyikwa, ha sostenido que el tribunal "ha dicho a los civiles de Yei que nadie está por encima de la ley. Esto debería demostrar a los ciudadanos de Yei que no deben temer denunciar a los soldados que cometan delitos".
Por su parte, el comandante de la brigada independiente de Yei, el general John Lual, ha explicado que el impacto del tribunal militar remarca que "los soldados saben que se respetará la ley y se tomarán medidas disciplinarias".
La Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), que ha informado este lunes de la decisión, ha señalado que "acoge con satisfacción las medidas concretas adoptadas por el Gobierno sursudanés para lograr la rendición de cuentas y la justicia para los supervivientes de delitos graves, incluida la violencia sexual, en (la ciudad de) Yei, en (el estado de) Ecuatoria Central".
El representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la UNMISS, Nicholas Haysom, ha elogiado los "esfuerzos de las SSPDF por mejorar e identificar formas de reforzar la rendición de cuentas entre las Fuerzas Armadas, aplicar mejores prácticas y fomentar la confianza de las comunidades afectadas".
"El trabajo del tribunal militar ha creado una demanda de justicia y es un paso concreto hacia la lucha contra la impunidad", ha declarado el jefe de la UNMISS, misión que proporcionó financiación para que las víctimas y testigos recibieran apoyo psicosocial, servicios de interpretación, comida, alojamiento y transporte.
Todas las víctimas tuvieron acceso a dos abogados civiles especializados en víctimas que les proporcionaron asesoramiento jurídico gratuito y participaron en los procedimientos para proteger sus derechos y ayudarles a desenvolverse en el proceso judicial.
