Archivo - El Senado de Colombia, en una sesión plenaria - SENADO DE COLOMBIA EN X - Archivo
MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las dos cámaras del Congreso de Colombia han aprobado al filo de la medianoche de este miércoles la nueva ley de sometimiento a la justicia de los grupos armados promovida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, concluyendo forma abrupta la fallida política de paz total del expresidente Gustavo Petro.
"Habemus ley de sometimiento", ha celebrado en redes sociales el presidente De la Espriella al concluir un debate en el Congreso que se prolongó durante dos días y durante el cual la oposición ha advertido de que con esta nueva ley se criminaliza la protesta social y no se reconoce el derecho de las víctimas.
Para De la Espriella, en cambio, el nuevo texto fortalece la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y ha querido agradecer al ministro de Justicia, Iván Cancino, "por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa".
"La falsa paz total llegó a su fin", se ha jactado el presidente colombiano, en alusión a la iniciativa que puso en marcha la anterior administración de Gustavo Petro para desmovilizar sin éxito a los grupos armados.
La nueva legislación cuenta con treinta artículos y desmonta el modelo de negociación que existía hasta ahora. Se levantan las mesas de diálogo, los grupos armados pierden su estatus político, desaparece la controvertida figura del gestor de paz y los condenados deberán cumplir las penas en cárceles u otros centros penitenciarios, acabando así con las zonas especiales de desmovilización.
ALGUNAS CLAVES
Los grupos armados que se sometan a este proceso deberán firmar las actas de sometimiento, que incluyen entregar las armas y a los menores de edad reclutados a la fuerza, informar sobre el paradero de los desaparecidos, así como de las fuentes de financiación y de otros datos relevantes y cesar sus actividades ilícitas.
A nivel personal, cada uno de los integrantes que apueste por acogerse al nuevo plan deberá asumir su responsabilidad, entregar los bienes obtenidos de manera ilícita y realizar trabajos de reparación, entre otros, pudiendo perder los beneficios penitenciarios si incumple alguno de estos puntos.
En lo que respecta a la reducción de penas, se contemplan rebajas de hasta el 50% de las mismas y del 30% para los mandos, siempre y cuando, en este último caso, no signifique menos de diez años prisión. Ambos porcentajes pueden caer al 30 y al 10% si el grupo continúa reclutando menores de edad una vez se promulgue la ley.
No podrán acceder a estos beneficios aquellas personas que ya han sido condenadas en firme por reclutamiento forzado de menores de edad. Asimismo, no se suspenden, ni se cancelan, las órdenes de captura y de extradición.
La política de paz total se topó pronto con varios obstáculos teóricos, operativos y políticos que debilitaron esta ambiciosa apuesta del expresidente Petro. A la ausencia de un marco legal claro se sumó la fragmentación de los grupos armados con los que se pretendía negociar, así como al uso que gran parte de ellos hicieron de las treguas armadas para enfrentarse entre sí y expandir sus redes.
De igual forma, la iniciativa de Gustavo Petro fue recibida con escepticismo por una parte del país, así como por ciertas instituciones, incluidas la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, y un sector de la política colombiana que redujo en sede parlamentaria el margen de maniobra del Gobierno.
