MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de Guatemala ha aprobado este martes la creación de una comisión para investigar las acciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante su mandato, que finalizó a principios de septiembre tras 12 años en el país.
Con 82 votos a favor, seis en contra, la Cámara ha dado el visto bueno a que se constituya la comisión, cuyo trabajo finalizará el próximo 10 de enero de 2020, según ha informado el diario local Prensa Libre.
El panel tiene como objetivo determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias que hayan tentado contra los derechos fundamentales de los guatemaltecos, así como recabar evaluar y sistematizar la información de aquellas personas o entidades que hayan sido víctimas de posibles acciones ilegales.
En este sentido, la comisión pedirá información de cualquier alto cargo y exigirá la destitución de empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntas ilegalidades en consenso o bajo las instrucciones de la CICIG.
Por otra parte, los miembros del comité podrán solicitar información a otros gobiernos sobre el historial profesional y personal del personal de la misión de la ONU, que se despidió del país con un balance exitoso y el interrogante sobre la preservación de su legado.
Asimismo, podrán presentar denuncias ante la Fiscalía para que esta solicite, de ser necesario, la extracción del personal de la CICIG en caso de que se considere que han cometido delito alguno.
Para el Congreso, la CICIG operó "sin ningún tipo de supervisión ni fiscalización, por lo que es imperativo verificar que el actuar de los integrantes, nacionales y extranjeros, se hayan enmarcado" en la Constitución y la legislación vigente de Guatemala.
La CICIG nació en 2007 gracias a una iniciativa de grupos de la sociedad civil que buscaban el apoyo internacional para desmontar las estructuras criminales que habían surgido y crecido durante los 36 años de guerra civil (1960-1996) por considerar que eran una clara amenaza para una democracia embrionaria.
El Gobierno de Óscar Berger y la ONU idearon un organismo independiente que, pese a nutrirse de recursos internacionales --tanto económicos como humanos-- depende de las leyes y de la Justicia de Guatemala con el mandato de "apoyar, fortalecer y asistir a las instituciones del Estado encargadas de investigar y procesar los crímenes (...) de las fuerzas de seguridad ilegales y las organizaciones de seguridad clandestinas".
Fruto de un acuerdo entre el Gobierno y la ONU, el mandato de la CICIG debe renovarse periódicamente, algo que hasta ahora se había producido de forma casi automática. Sin embargo, el presidente saliente, Jimmy Morales, anunció el año pasado que no daría luz verde a un nuevo periodo, por lo que la CICIG abandonará Guatemala este 3 de septiembre.
Morales, que saldrá del cargo en enero, ha acusado a la CICIG de violar las leyes guatemaltecas, incluida la Constitución, y de obedecer a una agenda política. Los críticos con el todavía mandatario esgrimen que el verdadero motivo de la expulsión de la CICIG son las investigaciones impulsadas contra él y su familia por corrupción.
