El abogado de la vicepresidenta denuncia un intento de "inhabilitación exprés"
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Congreso de Perú ha aceptado dos informes con los que se pretende denunciar a la vicepresidenta del país, Dina Boluarte, por supuestamente haber seguido ejerciendo como presidenta y representante legal del Club Departamental Apurímac, una institución privada, cuando ya ejercía como ministra de Estado.
Así, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, las denuncias de que habría infringido el Artículo 126 de la Carta Magna, aquel que indica que "los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas".
El informe final, que avala las denuncias presentadas por Renovación Popular y Avanza País, ha contado con el apoyo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular, mientras que el representante de Perú Libre, Waldemar Cerrón, ha optado por no hacer uso de su voto, detalla el diario 'La República'.
De acuerdo con la acusación, Boluarte habría intervenido en la gestión de este club privado mientras ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo que comparte con el de vicepresidenta dentro del gabinete peruano.
INTENTO DE "INHABILITACIÓN EXPRÉS"
Por su parte, en declaraciones a la emisora RPP, el abogado defensor de Boluarte, Alberto Otárola, ha tildado la acusación como un intento de "inhabilitación exprés" a la vicepresidenta de Perú ejecutado por ciertos "grupos de derecha".
Otárola ha denunciado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha dejado de lado otros casos más importantes y ha defendido que Boluarte no ha vulnerado el mandato constitucional.
"La forma es tan importante como el fondo, se trata de una estimación en la que se concluye que hay infracción constitucional, pero omite datos que se han explicado", ha criticado.
Finalmente, ha mostrados su convencimiento en que la Contraloría ha actuado de manera política, pues es la primera ocasión en la que, "sin facultades para decidir qué es y qué no es una infracción constitucional, lo hacen".
