Una decena de ONG piden al Gobierno de Maldivas que no prorrogue la pena capital y avance hacia la abolición

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una decena de ONG de Maldivas e internacionales han instado este jueves al Gobierno de Maldivas a no presentar un proyecto de ley que pondría fin a la moratoria vigente sobre la pena de muerte en el país, al tiempo que han reclamado avances hacia "la abolición total" de la misma.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Red Asiática contra la Pena de Muerte, Red de Democracia Maldiva y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte han unido sus voces para instar al Ejecutivo maldivo a retirar un proyecto de ley que "violaría las obligaciones internacionales de Maldivas en materia de Derechos Humanos, contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que Maldivas se adhirió en 2006", según recoge el comunicado difundido por HRW.

"Además, sería contrario a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que exigen el respeto de las normas internacionales que protegen los derechos de las personas condenadas a muerte, la restricción progresiva de su aplicación y la reducción del número de delitos punibles con esta pena", alegan las ONG involucradas acerca del texto.

Estas organizaciones se han pronunciado ante las informaciones de que la Fiscalía General estaría ultimando el borrador anunciado a finales de marzo por el presidente del país, Mohamed Muizzu, que preveía una aplicación sin demora a las personas condenadas que ya hubieran superado todas las etapas judiciales.

Tras una serie de enmiendas a la Ley de Drogas ratificadas en diciembre de 2025, las personas condenadas por traficar grandes cantidades de drogas, incluyendo más de 350 gramos de cannabis, 250 gramos de diamorfina o 100 gramos de cualquier otra droga de la llamada Lista 1, podrían enfrentarse a la pena capital.

"Introducir la pena de muerte para un delito que antes no era punible con la muerte es contrario al objetivo de abolirla", subraya el comunicado de las ONG, que aluden al PIDCP para recordar también que, según el artículo 6 del mismo, los países que actualmente mantienen la pena de muerte en su legislación deben restringir su uso únicamente a "los delitos más graves".

En este contexto, las organizaciones firmantes han mostrado "especial preocupación" por este proyecto de ley "debido al historial de corrupción, politización e incapacidad del poder judicial maldivo para impartir justicia y exigir responsabilidades por los crímenes cometidos en el pasado".