Policía Militar en Fort Greely, Alaska - REUTERS / MARK MEYER - Archivo
NUEVA YORK, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Al menos 22 localidades de Alaska cuentan con individuos con antecedentes penales, muchos de ellos por violencia doméstica contra sus parejas y abuso sexual, entre sus fuerzas policiales, en lo que supone una violación de la normativa legal, según una investigación llevada a cabo por la ONG ProPublica y el diario 'Anchorage News'.
La investigación ha descubierto concretamente que al menos 34 agentes de Policía actualmente en servicio en estas comunidades no deberían haber accedido al cargo en condiciones normales por estos antecedentes, pero la falta de fondos públicos ha generado una crisis de seguridad tan acuciante que las autoridades -- tanto estatales como tribales, estas últimas al frente de las comunidades indígenas de Alaska -- no han tenido más remedio que echar mano de estos recursos.
En una localidad en concreto, Stebbins, los siete agentes de Policía que suponen el total de la fuerza se han declarado culpables de violencia doméstica en la última década. Su actual jefe de Policía se declaró culpable de agresión en 2017 contra una joven familiar a la que amenazó con asesinar por beber alcohol ilegal. Fue contratado un año después.
Stebbins es una localidad que ha sobrevivido a una generación de abusos sexuales por parte de un sacerdote católico y voluntarios de la Iglesia local. Su tasa de paro es del 12 por ciento y los bienes cuestan el doble que en metrópolis como Anchorage. Sus agentes no están entrenados, están desarmados, solo tienen un par de esposas y teléfonos móviles. Las celdas no tienen agua potable ni lavabo.
En 2001, su entonces alcalde Robert Ferris recibió un disparo en la cara efectuado por un joven agente de 20 años que había cumplido una doble sentencia de cárcel por abuso de animales y asalto. "No fue una incorporación de la que estuviera muy orgulloso", declaró el mandatario.
VICTIMIZACIÓN
"Me parece indignante que nos enfrentemos a una crisis de seguridad pública acabe obligando a estas comunidades a contratar a personas propensas a la violencia", ha lamentado la integrante de la junta de la Federación de Nativos de Alaska, Melanie Bahnke. "No solo eso: se les pone en una posición superior al resto de la población y se les capacita para victimizar todavía más a los afectados", ha añadido.
No solo hay fondos para la Policía. Muchas de las comunidades no tienen comisaría, celdas o siquiera un edificio para la Seguridad Pública, ni tienen medios para investigar a fondo a los agentes ni a otros funcionarios con antecedentes. En la comunidad de Selawick, un individuo entró en la Policía a pesar de haberse declarado culpable de violar a una menor.
"Cuando la gente vive en una comunidad tan desesperada por una fuerza del orden, cuando piden a gritos que alguien dé un paso al frente por mucho que tenga un pasado turbio, al final crees que la gente a la que contratas se va a portar bien", explica el director de seguridad pública para el sureste de Alaska Jason Wilson.