CARACAS, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La oposición ha denunciado que las autoridades venezolanos han vuelto a realizar un registro "violento" en las celdas de los disidentes Leopoldo López y Daniel Ceballos, que están recluidos desde hace más de un año en la cárcel militar de Ramo Verde por su supuesta implicación en los disturbios ocurridos en la protestas antigubernamentales de 2014.
El abogado de López y Ceballos, Juan Carlos Gutiérrez, ha informado de que un grupo de 13 hombres armados, entre funcionarios de prisiones y encapuchados, han irrumpido en las celdas de los líderes opositores "ocasionando destrozos".
Gutiérrez ha señalado que, en el caso de López, se ha llevado a cabo aprovechando su ausencia para acudir a la vista judicial. "Las requisas violentas que se vienen haciendo sin que Daniel o Leopoldo estén en su celda pueden ser graves para la defensa ya que pueden sembrar elementos irregulares", ha indicado.
Lilian Tintori y Patricia de Ceballos, esposas de López y Ceballos, respectivamente, han considerado que esta "requisa violenta" es "la respuesta del Gobierno" a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de "tomar medidas cautelares para proteger la vida" de ambos.
"Cada vez que la comunidad internacional se pronuncia a favor hay violaciones y amedrentamientos", ha dicho Ceballos, mientras que Tintori ha celebrado el despertar de la región para denunciar las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela.
PERSONA 'NON GRATA'
Por otro lado, Gutiérrez ha aludido a la declaración del ex presidente del Gobierno español Felipe González como persona 'non grata' por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela por su intención de incorporarse a la defensa de López.
El abogado ha considerado que la declaración de personan 'non grata' "representa un acto de naturaleza estrictamente política que demuestra la obstrucción e injerencia indebida al derecho a la defensa", según ha informado el partido de López y Ceballos, Voluntad Popular.
Gutiérrez ha aclarado que la incorporación de González a la defensa de López como consultor técnico "es un derecho constitucional de todo enjuiciado, establecido en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela".
"Se puede conformar un equipo de defensa en el que se nombra un máximo de tres abogados, un asistente no profesional y un consultor técnico. Ninguna autoridad puede limitar que un individuo escoja los abogados para su defensa", ha recordado.
