Las reglas de juego cambiarían, pese al riesgo de una Europa de dos velocidades y del efecto contagio
LONDRES, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La victoria de la permanencia en la Unión Europea en el referéndum que se celebra este jueves en Reino Unido inauguraría una nueva era para un bloque que se ha comprometido a garantizar un estatus especial para el más reticente de sus miembros, garantizando su exención de la paulatina integración comunitaria y la posibilidad de limitar los derechos de los ciudadanos comunitarios.
En consecuencia, independientemente de un veredicto aguardado en suelo británico tanto como en el continente, el plebiscito cambiará las reglas de juego en los Veintiocho, donde existe el riesgo de que se genere una Europa de dos velocidades y de que las concesiones a Londres desencadenen un efecto contagio que empuje a otros países a plantear sus propias demandas, complicando todavía más la cohesión de una UE en busca de identidad.
A corto plazo, no obstante, el triunfo de la continuidad supondría un alivio para un proyecto comunitario que se enfrenta a desafíos como el encaje de la unión política, la crisis de los refugiados y el estancamiento de la Eurozona. En consecuencia, una vez confirmada una potencial permanencia, se prevé que los líderes europeos agilicen al máximo los mecanismos para garantizar las prebendas pactadas en febrero tras maratonianas jornadas de negociaciones.
En casa, el reto inmediato para el primer ministro británico, David Cameron, será hacer entender que este "estatus especial" constituye "lo mejor de los dos mundos" a una ciudadanía que, según ha quedado patente durante la campaña, siente una profunda desafección hacia la UE.
Además, resulta improbable que la victoria sea aplastante, a juzgar por las encuestas, o incluso satisfactoria para el 'premier', dadas las críticas en su propio partido y en un notable espectro mediático y social, que han considerado la revisión de la relación con Bruselas una claudicación.
ACUERDO CUESTIONADO
Como resultado, incluso de obtener el respaldo en las urnas, Cameron estará obligado a capear la presión doméstica con el malestar entre unos líderes comunitarios que no sólo desconfían de las potenciales ventajas que Londres podría obtener del acuerdo, como es el caso de Francia, sino que temen el peso de los cambios planteados, especialmente el bloque del Este, inquieto ante la reforma de las prestaciones sociales.
No en vano, el éxito de la permanencia iría más allá de territorio doméstico, puesto que además de modificar el vínculo entre Bruselas y Londres, obligaría a la UE a abdicar de algunos de sus principios fundamentales para acomodar al más díscolo de sus miembros.
A escala interna, la brecha abierta en el Gobierno y en el partido que lo sustenta amenaza con una seria escisión entre los conservadores británicos, que en lo único que coinciden es en que el plebiscito constituye una de las decisiones más importantes que Reino Unido ha tenido que gestionar en décadas.
CAMBIOS EN CASO DE PERMANENCIA
La cuestión que más polémica genera es la moratoria para las prestaciones de los ciudadanos de la UE. La fórmula sería gradual, es decir, aunque las ayudas se limitarían durante un cuatrienio, se irían otorgando paulatinamente a medida que los ciudadanos comunitarios permaneciesen en Reino Unido.
Con todo, Londres tendría que demostrar que, efectivamente, la dotación de ayudas como los complementos de sueldo para los bajos salarios representan una presión insostenible para su sistema de bienestar. Como contrapunto, contaría con la posibilidad del polémico freno de emergencia al menos siete años.
Además, después de que Cameron admitiese retirar su ambición inicial de introducir un veto al envío de ayudas por hijo al país de origen, la solución implicaría adaptarlas a la de los estándares de vida del lugar de procedencia. A partir de 2020, las restricciones se aplicarían a solicitantes existentes.
EXENCIÓN DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA
Asimismo, si mañana apuesta por continuar, Reino Unido contaría con el compromiso de no tener que sumarse a una mayor integración comunitaria y, adicionalmente, con la denominada 'tarjeta roja', un mecanismo que aspira a ir más allá de la 'amarilla' introducida en 2009 en el Tratado de Lisboa para defender el principio de subsidiaridad, es decir, la preeminencia de los parlamentos nacionales sobre la Eurocámara.
Si el sistema vigente da a los legislativos de cada país dos votos, el nuevo les permitiría unirse para detener, o enmendar, leyes comunitarias en nombre de sus intereses, a partir de un umbral mínimo de un 55 por ciento del total de votos de cada parlamento.
FINANZAS Y REGULACIÓN
En materia monetaria, la UE establecería que la divisa común no es la única en la Unión, una admisión que implicará una protección especial para los países ajenos al euro, y crucialmente para la City de Londres, de las normativas de la Eurozona. De esta manera, no sólo Reino Unido quedaría exento de rescates financieros, una bandera agitada por quienes defienden el 'Brexit', sino que se aseguraría de estar al mando de la legislación fundamental de su industria financiera.
Por último, a raíz del debate británico, Bruselas se ha comprometido a "aumentar los esfuerzos destinados a reforzar la competitividad" y reducir las "cargas administrativas", una demanda que atribuye un notable punto a las aspiraciones de Cameron, puesto que se trata de una de las reivindicaciones fundamentales de los negocios británicos.
