MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 183.000 civiles se han visto desplazados en las zonas en disputa entre el gobierno central de Irak y la región semiautónoma del Kurdistán, según cifras publicadas este jueves por la Oficina del Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en Irak.
"A fecha 2 de noviembre, 183.000 personas están desplazadas en las zonas en disputa, incluidas 79.000 de Kirkuk, 22.000 de Majmur, en el suroeste de la gobernación de Erbil, y 47.000 en Tuz, en el noreste de Saladino", ha detallado.
En su informe, el organismo ha afirmado que "la inmensa mayoría huyó hacia la región del Kurdistán", agregando que alrededor de 150.000 regresaron a sus viviendas el 31 de octubre, principalmente en Kirkuk.
En el caso de la gobernación de Nínive, cerca de 20.000 personas huyeron a causa de las hostilidades en Zumar, Rabea y Sinyar, principalmente hacia la región autónoma.
La disputa entre el gobierno central y el de la región semiautónoma deriva del referéndum de independencia celebrado el 25 de septiembre --que se saldó con una victoria del 'sí' por más del 90 por ciento--.
La consulta popular, calificada de ilegal por Bagdad, también se llevó a cabo en áreas en disputa, entre ellas la provincia de Kirkuk, una zona que alberga grandes yacimientos de petróleo. El 16 de octubre, Al Abadi lanzó una operación para recuperar la provincia controlada desde 2014 por los peshmerga.
Ese mismo día los militares iraquíes tomaron el control de Kirkuk y varias instalaciones estratégicas. El Gobierno del Kurdistán iraquí ofreció a Bagdad declarar un alto el fuego y empezar el diálogo y a cambio prometió congelar los resultados del referéndum de autodeterminación.
La crisis política derivada del referéndum ha llevado al presidente del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, a anunciar que renunciaba a buscar la reelección --para lo cual tenía que modificar la legislación--, dejando el cargo este miércoles.
El Gobierno central insiste en su demanda de que el Kurdistán iraquí cancele los resultados del referéndum antes de iniciar un proceso de negociaciones.
Por su parte, la región semiautónoma ha ofrecido detener sus operaciones militares y suspender los resultados de la votación a cambio de la apertura de un diálogo fundamentado en la Constitución del país.
