Detenidos brevemente familiares de los opositores atrincherados en una iglesia de Masaya

Actualizado 22/11/2019 23:14:30 CET
Despliegue policial junto a una iglesia en Masaya
Despliegue policial junto a una iglesia en Masaya - REUTERS / OSWALDO RIVAS - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Policía de Nicaragua ha detenido brevemente este viernes a un grupo de familiares de los opositores que se han atrincherado en una iglesia de Masaya para exigir al Gobierno de Daniel Ortega la liberación de todos los arrestados en el marco de la ola de protestas.

Estas trece personas fueron detenidas a la altura del cerro El Coyotepe cuando se dirigían a la parroquia de San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya, para llevar agua a los opositores encerrados en la iglesia católica.

En un primer momento, fueron trasladados a la delegación policial de Masaya, pero media hora después fueron trasladados a la capital, Managua, donde han sido liberados en un hotel, según informa el diario nicaragüense 'La Prensa'.

Entre los detenidos destacan Juan Sebastián Chamorro, jefe de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en la que han confluido todos los sectores de la oposición a Ortega, y la prominente activista Violeta Granera.

"Lamentamos y nos indigna que no nos hayan, otra vez, permitido llevar agua y suero a los que están en huelga de hambre", ha dicho Granera. "En Nicaragua la gente cae presa por llevar agua potable", ha apostillado Chamorro.

"Este intento de llegar a la iglesia y acercarnos a nuestros familiares que están en huelga de hambre, lo seguiremos intentando", ha avisado Tamara Zamora, madre de la presa política Amaya Coppens.

UNA IGLESIA EN MASAYA Y LA CATEDRAL DE MANAGUA

El pasado 14 de noviembre, ocho familiares de presos políticos se atrincheraron en la Iglesia de San Miguel de Masaya para empezar una huelga de hambre con la que reclaman la liberación de las 130 personas detenidas en el marco de las protestas contra el Gobierno que aún están entre rejas.

La Policía rodeó el templo religioso, cortó el agua y la electricidad e impidió que se entrara en la parroquia, también para llevar suministros básicos como la insulina para el sacerdote, que es diabético. Trece personas fueron detenidas esa noche por intentar llevar agua a los atrincherados.

Los trece detenidos y otros tres opositores fueron acusados el lunes de tráfico de armas, un cargo grave que, según ha denunciado la ONU esta semana, podría obedecer a "un renovado intento de sofocar la disidencia".

En señal de protesta, el mismo lunes ocho personas, incluido un niño de once años, empezaron una huelga de hambre en la Catedral de Managua para exigir la liberación de todos los detenidos durante las protestas contra el Gobierno. Decenas de simpatizantes de Ortega irrumpieron en el templo religioso horas después y los atacaron con piedras, "con la aquiescencia de los agentes de Policía" --reprochó la ONU--, que también les ha cercado.

HRW PIDE ACCIÓN INTERNACIONAL

Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha denunciado las tácticas represivas utilizadas por las autoridades nicaragüenses y ha reclamado a la comunidad internacional que actúe para garantizar que hay rendición de cuentas.

"Atacar a madres en huelga de hambre que reclaman la liberación de sus hijos detenidos y a activistas que les dan agua muestra hasta qué punto Ortega y su Policía están dispuestos a llegar en su arremetida contra opositores", ha dicho José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

"Las prácticas del Gobierno no van a cambiar mientras el Gobierno de Nicaragua crea que sus abusos gozan de impunidad", ha señalado, según un comunicado publicado por la organización.

En este sentido, Vivanco ha manifestado que "es crucial que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea actúen con prontitud para ampliar las sanciones individuales para que alcancen al mismo Daniel Ortega y a personas clave en su círculo de colaboradores directos".

Las protestas en Nicaragua comenzaron en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social pero crecieron rápidamente hasta reclamar la "democratización" del país. Más de 300 personas murieron por la represión de militares y policías. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendó procesar a Ortega por delitos de lesa humanidad.

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