EEUU.-Dos senadores demócratas dicen que el Gobierno "interpreta" los poderes de vigilancia que concede la 'Patriot Act'

WASHINGTON 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los senadores demócratas Ron Wyden y Mark Udall --de los estados de Oregon y Colorado-- han afirmado este viernes que el Gobierno estadounidense "interpreta" los poderes de vigilancia que quedarían cubiertos bajo la 'Patriot Act', promulgada el 26 de octubre de 2001 en respuesta a los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Centre con el objetivo de ampliar la capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo.

Desde hace más de dos años, varios senadores del Comité de Inteligencia del Senado han advertido sobre estas prácticas del Gobierno y han asegurado que estas competencias se están usando de una manera que sería considerada alarmante en caso de que el público u otros miembros del Congreso tuvieran conocimiento de su alcance.

Por ello, Wyden y Udall han enviado una carta al fiscal general del Estado, Eric H. Holder Jr., en la que señalan que muchas de las operaciones secretas de Inteligencia basadas en esta ley no son tan cruciales para la seguridad nacional como el Ejecutivo ha asegurado, según ha recogido el diario estadounidense 'The New York Times'.

La misiva ha sido enviada después de que un alto cargo del Departamento de Justicia apuntara en febrero ante un juez que desclasificar cualquier cosa acerca del programa "podría provocar un grave daño a la seguridad nacional de Estados Unidos".

El Departamento de Justicia ha valorado que la desclasificación de las interpretaciones de la 'Patriot Act' podría alertar a los enemigos de cómo el Gobierno estadounidense recolecta cierta información de Inteligencia. Por ello, está intentando que se descarten dos demandas presentadas sobre el Acta de Libertad de Información --presentadas por 'The New York Times' y por la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU)--, relacionadas con cómo se ha interpretado la 'Patriot Act'.

Ambos senadores demócratas han indicado que es apropiado mantener algunas operaciones específicas en secreto, pero han matizado que el Gobierno de una democracia debe actuar dentro del entendimiento público de la ley para que los votantes "puedan ratificar o rechazar las decisiones hechas en su nombre", incluso si "ésta obligación con la transparencia con el público" crea otros desafíos.

"Nos gustaría subrayar que en los últimos meses hemos ido siendo cada vez más escépticos sobre el valor de la 'operación de recolección de Inteligencia'", han agregado. "Esto ha llegado a sorprendernos, ya que estábamos de inicio inclinados a aceptar las aseveraciones del Ejecutivo sobre la importancia de esta 'operación' como un valor aparente", han puntualizado.

La disputa se centra en torno a lo que el Gobierno considera que puede hacer bajo la sección 215 de la 'Patriot Act', bajo la que los agentes podrían obtener una orden secreta del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que les permitiera acceder a cualquier "cosa tangible" considerada "relevante" para una investigación sobre terrorismo o espionaje.

Así, parece valer tanto un uso ordinario de las órdenes de la sección 215 --similar a usar una citación de un gran jurado para obtener información específica en una investigación penal tradicional-- y para una actividad separada, la recogida de información clasificada, que también dependería de estos agentes.

La interpretación de la sección 215 que autoriza estas operaciones secretas de vigilancia parece no ser evidente del texto que aparece en la provisión y fue desarrollado a través de una serie de mandatos clasificados por parte del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

Por último, Wyden y Udall se han quejado en su carta de que, aunque la Administración Obama afirmó ante el Congreso en agosto de 2009 que establecería "un proceso regular de revisión, redacción y publicación de opiniones" al tribunal, "no se ha publicado una sola opinión al respecto".