Egipto.- Organizaciones de DDHH aseguran que la participación en el referéndum constitucional se situó en el 5%

Actualizado: martes, 10 abril 2007 17:54

EL CAIRO, 10 Abr. (EP/AP) -

Seis organizaciones egipcias de Derechos Humanos aseguraron hoy que la participación en el referéndum celebrado el pasado mes para reformar la Constitución sólo fue del 5 por ciento, cifra bastante alejada de los informes oficiales, que la situaron en un 27 por ciento.

Además, las organizaciones afirmaron en un comunicado que la consulta popular se vio empañada por el fraude, ya que indicaron que se produjo 'pucherazo' y los votantes y funcionarios fueron sobornados.

El Gobierno egipcio ha subrayado que las enmiendas votadas en el referéndum del 26 de marzo son una reforma democrática, pero la oposición y los grupos de Derechos Humanos han condenado estos cambios, pues opinan que restringen los derechos, consolidan en el poder al presidente, Hosni Mubarak, y a su partido y proporcionan amplios poderes a las fuerzas de seguridad para realizar detenciones.

"El fenómeno más negativo fue la débil participación (en el referéndum) porque la gente no conocía el contenido de las enmiendas e incluso aquellos que votaron no sabían qué estaban votando", indicaron las organizaciones, las cuales, entre ellas la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, enviaron 1.200 observadores a centros de votación de todo el país.

En un informe de 30 páginas, al que tuvo acceso la Agencia AP, denunciaron el "fraude" que envolvió al proceso de referéndum, incluyendo el 'pucherazo', el soborno de funcionarios y el cierre de varios centros de votación.

La oposición boicoteó las 34 enmiendas, que fueron consultadas en referéndum sólo una semana después de haber sido aprobadas en el Parlamento. Según cifras oficiales, la participación fue del 27 por ciento, del que el 76 por ciento votó 'sí' y el 24 por ciento restante optó por el 'no'. Para la jornada electoral se constituyó un comité observador, pero la oposición denunció la falta de independencia de este organismo.

Los cambios en la Constitución proporcionan amplios poderes a las fuerzas de seguridad en la investigación de casos de terrorismo, concretamente en lo que respecta a las detenciones y registros domiciliarios sin orden judicial.