MANILA, 20 Abr. (Reuters/EP) -
El Ejército filipino ha disuadido este miércoles del pago de rescates por los rehenes en manos del grupo islamista Abú Sayaff en un intento por detener la emergente "industria" del secuestro tras una serie de raptos.
Un portavoz del Ejército filipino ha reaccionado así a las informaciones publicadas por la prensa de que un ministro indonesio dijo que una empresa taiwanesa pagaría para liberar a los diez indonesios en manos de Abú Sayyaf.
Un total de 18 tripulantes de Indonesia y Malasia han sido secuestrados en tres ataques separados contra embarcaciones en aguas de Filipinas próximas a las fronteras marítimas con los dos países.
"Las Fuerzas Armadas continúan animando a todo el mundo a observar la política del Gobierno de no pagar rescate", ha señalado su portavoz, el general de brigada Restituto Padilla. Según ha dicho, el Ejército quiere "desanimar este tipo de creciente 'industria' y cortar los fondos que en último término fortalecen a los rebeldes.
El ministro coordinador para los Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad de Indonesia, Luhut Pandjaitan, habría dicho que una empresa taiwanesa estaba dispuesta a pagar los 50 millones de pesos (alrededor de un millón de euros) para liberar a un tripulación retenida desde finales de marzo.
Filipinas raramente hace públicos los pagos de rescates y las autoridades a veces se refieren a ellos eufemísticamente como "alojamiento y hospedaje".
Padilla ha dicho que sigue habiendo en marcha operaciones militares para rescatar a los rehenes. "La seguridad de las víctimas de secuestro es nuestra principal preocupación", ha asegurado.
REHENES CANADIENSES
Otros cinco extranjeros, incluidos dos canadienses, están secuestrados en la remota isla de Jolo, en el sur del archipiélago y un bastión de Abú Sayyaf, un grupo vinculado a Al Qaeda conocido por sus decapitaciones, atentados con bomba y extorsiones.
El embajador canadiense en Filipinas, Neil Reeder, ha expresado su preocupación por la amenaza de Abú Sayyaf de decapitar a dos de sus ciudadanos el 25 de abril si sus familias y el Gobierno no pagan los 300 millones de pesos que piden por cada uno de ellos.
"Estamos muy preocupados por la situación de nuestros nacionales", ha declarado a la prensa en Manila. "Estamos haciendo todo lo que podemos por su seguridad y esperamos que estén sanos y salvos y sean liberados pronto", ha añadido.
