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MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este lunes que las investigaciones abiertas en el marco del escándalo de corrupción que estalló en el país en diciembre tiene como objetivo poner fin al proceso de paz entre el Gobierno y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
Erdogan ha indicado que el "estado paralelo", nombre con el que hace referencia al clérigo musulmán Fethulá Gulen, que cuenta con una gran influencia en la Policía y el aparato judicial, ha lanzado una "conspiración" en su contra.
"Si la paz es permanente, Turquía será imparable. Nuestra economía será imparable. No quieren eso, y por eso intentan derrocar al Gobierno y detener el proceso (de paz). Nos mantenemos firmes ante estos ataques", ha dicho, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.
El Gobierno relanzó a finales de 2012 el proceso de paz a través de contactos directos con el líder del PKK, Abdulá Ocalan, quien se encuentra encarcelado en la isla de Imrali en régimen de aislamiento.
Asimismo, ha criticado a Gulen y su movimiento Hizmet por su campaña contra su partido, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP). "Están enviando SMS pidiendo que se vote a cualquiera menos al AKP. Para ellos fue correcto votar al partido hace dos años, ¿qué ha cambiado? El partido es el mismo, así que debe ser algo respecto a ellos", ha remachado.
Erdogan ha criticado a Gulen en las últimas semanas por su influencia en la Policía y el poder judicial en el marco de la operación contra la corrupción abierta en diciembre, que el primer ministro ha descrito como un intento de golpe de Estado.
El Ejecutivo de Erdogan se ha visto debilitado a consecuencia del escándalo de corrupción, que derivó en la detención de destacados empresarios afines al primer ministro, y los hijos de tres ministros, dos de los cuales permanecen bajo custodia.
El Gobierno ha cesado y reasignado desde entonces a cientos de policías, jueces y fiscales responsables de la investigación y además ha promovido una reforma judicial para transferir el poder de nombrar jueces y fiscales del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales al ministro de Justicia, lo que ha sido interpretado como un intento de limitar la independencia judicial en el país.
