BRUSELAS, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado este martes nuevas normas para acelerar el intercambio de información y pruebas electrónicas en investigaciones transfronterizas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
El paquete legislativo adoptado introducirá un marco comunitario para el manejo de pruebas electrónicas, acelerará el proceso de recopilación de pruebas y mantendrá las garantías de los derechos fundamentales.
Los eurodiputados han aprobado el paquete de dos partes por 433 votos a favor, 157 en contra y 34 abstenciones, para el reglamento sobre órdenes de presentación de pruebas, y 438 votos a favor, 152 en contra y 34 abstenciones, para la directiva sobre representantes legales.
Las nuevas reglas permitirán a las autoridades nacionales solicitar pruebas directamente a los proveedores de servicios en otros Estados miembro o solicitar que los datos se conserven hasta 60 días, para que los datos relevantes no se destruyan o pierdan.
La ley también introduce un plazo obligatorio de 10 días para responder a una orden de producción, que se reduce a ocho horas en casos de emergencia.
Como parte del mismo paquete, los eurodiputados han adoptado una directiva que obliga a los proveedores de servicios en la UE a nombrar establecimientos designados o representantes legales donde las autoridades de los Estados miembro pueden abordar las solicitudes de evidencia electrónica.
Los eurodiputados también han introducido disposiciones que garantizan que las autoridades puedan rechazar solicitudes de pruebas cuando tengan preocupaciones sobre la libertad de los medios o violaciones de los derechos fundamentales en el país solicitante, mientras que los proveedores de servicios podrán señalar inquietudes sobre la libertad de los medios.
Asimismo, han asegurado que las autoridades ordenantes que solicitan datos confidenciales --como datos de tráfico, excepto cuando se usan solo para identificación y datos de contenido-- en la mayoría de los casos, tendrán que notificar a las autoridades del país de destino para garantizar la transparencia.
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