La exmandataria no acude al entierro debido a las restrictivas condiciones del permiso
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Justicia de Bolivia ha concendido este jueves un permiso penitenciario a la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) para que se traslade desde la prisión de Miraflores, en La Paz, hasta la ciudad de Santa Cruz, donde se oficiará el funeral de su recientemente difunta madre.
De acuerdo con un documento emitido por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción, la exmandataria cuenta con un permiso de apenas seis horas --de 12.00 a 18.00 (hora local)-- para viajar a Santa Cruz, a unos 200 kilómetros de La Paz, acompañada en todo momento por cuatro escoltas, bajo estrictas condiciones de seguridad y costeándose ella todos los gastos.
Según ha detallado más tarde el diario 'El Deber', la exmandataria finalmente no ha acudido al entierro de su madre debido a estas restrictivas condiciones y trabas burocráticas. Áñez habría recibido el permiso poco antes del mediodía, imposibilitando gestionar el viaje a Santa Cruz.
Norka Cuéllar, una de las abogadas de la expresidenta, ha señalado que Áñez debía costear no solo sus billetes, sino también los de los cuatro guardaespaldas. Además, ha señalado que se ha intentado poner en contacto con el director de Régimen Penitenciario para coordinar el viaje, pero no ha recibido respuesta.
La madre de Áñez falleció el miércoles, si bien el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha asegurado ahora que la exmandataria pudo salir de prisión a comienzos de semana para visitarla. Carolina Ribera, hija de la expresidenta, ha negado estas afirmaciones y ha señalado ni ella ni sus abogados fueron notificados de este supuesto traslado.
"Es falso, es mentira. Yo como hija estoy indignada. Mi familia está esperando que mi madre venga a despedir a su madre y eso es lo que queremos. Que no le nieguen el permiso judicial que ya ha salido el día de hoy", ha manifestado Ribera, quien a comienzos de semana se encontraba de visita en España.
Áñez se encuentra en prisión desde marzo de 2021 por el caso conocido como 'golpe de Estado I' por su participación en la crisis política que provocó que el expresidente Evo Morales tuviera que renunciar al triunfo electoral 2019 y tras lo que la entonces vicepresidenta del Senado tomó el poder.
El caso investiga la presunta coordinación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho --principal acusado y ahora en prisión-- con policías y militares para derrocar a Morales, en medio de denuncias de supuesto fraude electoral y una violenta crisis política y social, con protestas de ambos lados, un motín policial y la presión de los militares.
